La Libertad, (provincia de Santa Elena, Ecuador). Cada día al levantarse da gracias a la vida, y sin importar el sol o la lluvia, empieza a “luchar y dar guerra”. Con un pico y un gancho desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde jala la basura, selecciona cartón, hierro, vidrio o plástico y lo convierte, al final del día, en un plato de comida y educación para sus tres hijos. Miguel Miranda es reciclador de base y junto a su pareja lleva más de 20 años limpiando el mundo. Ambos dicen que en los rellenos, donde trabajan, han encontrado de todo, desde dinero en días buenos, hasta pomas con líquidos burbujeantes que queman lo que tocan a su alrededor. En esas grandes montañas de basura se esconden riesgos que ponen en peligro el futuro de Miguel, su familia y el de la comunidad. Solo en 2019 en el relleno sanitario de La Libertad se registraron 45 incendios ocasionados por la acción humana o por la concentración de residuos y altas temperaturas, de los que se liberaron contaminantes orgánicos persistentes no intencionales. Situación que se agrava frente a la presencia de productos altamente tóxicos (mercurio) como luminarias, termómetros, así como contaminantes orgánicos persistentes presentes en envases de plaguicidas; provocando problemas de salud, desde alergías hasta enfermedades mortales como el cáncer o afectaciones al sistema nervioso central; y también contaminación ambiental, en el aire, suelos y aguas superficiales y subterráneas. Como respuesta a esta problemática, el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE), a través del Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabaja para mejorar la calidad de vida de familias como las de Miguel y contribuir al cuidado del ambiente. Por un lado, impidiendo que este tipo de químicos terminen en rellenos sanitarios junto a la basura común; por otro, promoviendo en lo posible, una economía circular, es decir, que se aprovechen los recursos reduciendo, reutilizando y reciclando; y finalmente, mejorando las condiciones de salud y seguridad de las y los recicladores de base. Como herramientas para ayudar en esta labor, el Programa ha generado y socializado la (1) Guía para la gestión adecuada de plaguicidas; (2) la Guía para productos con mercurio añadido; y la Guía (3) para reducir contaminantes orgánicos persistentes no intencionales en los sectores productivos del país. Por otro lado, desde los ámbitos agrícola, eléctrico y de salud del Ecuador, que habitualmente manejan estos desechos, se ha contado con una amplia participación en las sesiones de capacitación y sensibilización. Estas actividades cuentan con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y se complementan con el apoyo del gobierno local de La Libertad por medio de una inversión conjunta que busca mejorar la gestión integral de residuos sólidos en este relleno sanitario. Miguel, dice estar comprometido con las actividades que se proponen realizar, y lleno de esperanza, dice que solo si todos y todas ponen su granito de arena, él podrá mejorar sus condiciones de vida y lograr su meta: “tener a su familia completa y sana, trabajando por el bien común para que sus hijos se sientan orgullosos de su madre y su padre”.

La desnutrición crónica infantil afecta al 27,2% de los niños menores de 2 años en Ecuador. Esta problemática repercute en la productividad del país y tiene un impacto a lo largo de la vida de las personas. La historia de Rosa Lanchimba y su hijo John revela los desafíos a los que se enfrentan las familias más vulnerables para lograr que sus hijos superen esta condición y tengan mejores oportunidades. El Ecuador debe poner fin a la desnutrición crónica. Los niños como John se merecen el mejor comienzo en su vida. El país no puede esperar ni un segundo, ni un minuto, ni un día más. El Estado tiene que tomar acciones ya. Entre la población indígena, a la que pertenece esta familia, la situación es todavía más grave. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2018, cuatro de cada diez niños (casi la mitad de todos los del área rural) sufre este tipo de desnutrición. “La desnutrición crónica infantil es un problema que no se ve a simple vista. Al no verse, no se ha atendido debidamente. Y en el área rural se ve menos”, explica Joaquín González-Alemán, representante de UNICEF en Ecuador, el segundo país, después de Guatemala, con mayor prevalencia de DCI en Latinoamérica. A pesar de que la DCI se desarrolla en los primeros años de vida, tiene consecuencias a futuro, explica González-Alemán, y agrega: “Está relacionado con efectos negativos en el desarrollo cognitivo, en el ingreso tardío al sistema educativo, mayor deserción escolar, y, cuando ya es adulto, con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, menor productividad y, en consecuencia, dificultades para la inclusión laboral y social”. Esta condición no sólo afecta en lo personal, sino que conlleva gastos asociados, tan es así que se estima que los costos de la malnutrición representan un 4,3% del PIB de Ecuador, en términos de costo de salud, educación, cuidado y pérdida de productividad. Desde 1993, Ecuador ha llevado adelante alrededor de 12 programas relacionados con salud y nutrición, pero la curva de la DCI en menores de cinco años casi no se ha movido. Entre 2014 y 2018, incluso incrementó de 24,8% a 27,2% en niños menores de dos años y a uno de cada cuatro menores de cinco años en el Ecuador. Con el fin de revertir esta situación, desde el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador se desarrolló un documento para comprometer a los candidatos a la Presidencia a implementar políticas estables para prevenir la DCI, que garanticen los controles a las embarazadas; la vacunación y atención médica adecuada a los niños menores de 2 años, con presupuestos por resultados y un padrón actualizado de nacimientos. El Ecuador debe poner fin a la desnutrición crónica. Los niños como John se merecen el mejor comienzo en su vida. El país no puede esperar ni un segundo, ni un minuto, ni un día más. El Estado tiene que tomar acciones ya.  

A lo largo de la historia de la humanidad las mujeres sostienen la vida y, por supuesto, el contexto global del COVID-19 no es la excepción. El día a día está lleno de historias de empoderamiento, adaptación, supervivencia, lucha y solidaridad lideradas por ellas, por las madres, hijas, hermanas, compañeras, amigas. Naciones Unidas, mediante sus agencias en Ecuador, y bajo el liderazgo de UNFPA y ONU Mujeres, entre otras, ha colocado en el centro de atención la necesidad de fortalecer el trabajo que realizan, en todo el territorio ecuatoriano, mujeres que demuestran ser verdaderas lideresas, que buscan llevar esos mensajes de empoderamiento y lucha. En la provincia del Carchi, ubicada al norte de la sierra ecuatoriana, se encuentran Rosa y Sofía, ambas lideresas vinculadas laboralmente en el campo educativo. Además, como parte de su espíritu de acción social, desarrollan actividades encaminadas a la erradicación de la violencia de género y acceso a igualdad de oportunidades. Rosa Ochoa, o Rosita como prefiere que la llamen, es madre soltera de dos hijos, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora del Colegio Cristóbal Colón,  ubicado en la ciudad de Tulcán. Actualmente dicta clases dirigidas a mujeres adultas que decidieron retomar sus estudios, lo que le ha permitido conocer, con mayor profundidad, la realidad de la población femenina tanto nacional como migrante, con todas las dificultades y discriminaciones que las atraviesan. Rosita señala que uno de los mayores desafíos para las mujeres dentro de la pandemia es la falta de empleo, pues con el cierre de fronteras el comercio también fue afectado significativamente. La precariedad laboral ha incrementado, llegando incluso a existir modalidades de trabajo relacionadas con el contrabando fronterizo poniendo en riesgo la vida de sus compañeras a cambio de un ínfimo pago. Durante el tiempo que ha llevado a cabo acciones de labor social, Rosa amplió su perspectiva en cuanto al acercamiento y gestión con la población más vulnerable. Al respecto señala que su compromiso social es una cuestión personal y no económica. En sus cuatro años como docente, la experiencia previa de trabajo en territorio es una gran ventaja, pues obtuvo las herramientas adecuadas para llegar asertivamente a sus estudiantes, desde una arista de liderazgo, empatía y acompañamiento. Como complemento a sus clases, realiza talleres de emprendimiento y violencia de género a sus estudiantes, ya que la falta de oportunidades para las mujeres en una sociedad tan competitiva les genera frustración, sumada al entorno de violencia intrafamiliar en las que muchas se ven obligadas a vivir. El empoderamiento y autonomía de las mujeres son los elementos clave para una vida digna e integral. Otra de las lideresas de Carchi es Sofía Benavides, psicóloga educativa, quien con apenas 22 años de edad ha trabajado muy de cerca con la niñez y juventud, específicamente en cuanto a construcción de una cultura de paz, educación integral para la sexualidad y erradicación de la violencia de género. Actualmente trabaja en una Institución Educativa de Tulcán, es responsable de la atención de niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años de edad, con énfasis en estudiantes con necesidades educativas especiales. Su labor en la ruralidad le permite visibilizar el alto índice de embarazos adolescentes, producto -entre otras múltiples causas- del desconocimiento acerca de métodos anticonceptivos y violencia sexual dentro de un entorno familiar que ha normalizado e interiorizado este fenómeno social, en palabras de Sofía. Ella es enfática cuando señala que las dinámicas sociales de Tulcán son muy complejas en cuanto a violencia de género, ya que al ser una ciudad pequeña y conservadora tiene al machismo arraigado en sus costumbres. Esto le ha llevado a generar acciones de incidencia junto con colectivos y organizaciones sociales con el objetivo de concientizar a la población sobre la prevención y erradicación de violencia de género. En Tulcán, y a nivel provincial, aún son pocas las organizaciones o colectivos que brinden apoyo a mujeres, niñas, niños y disidencias en situación de vulnerabilidad, sin embargo se han generado alianzas y redes de apoyo con las instituciones públicas para dar una atención inmediata y efectiva en la medida de las posibilidades. Al igual que Rosa, Sofía comenta que no hay oportunidades de empleo para las mujeres en su provincia. El constante flujo migratorio interno y externo, asociado con la situación actual del COVID-19, ha precarizado aún más la vida de las mujeres. Debido a la necesidad se han visto orilladas a trabajar con redes cuyas actividades están reñidas con la legalidad, y esto implica exponer su integridad física y emocional, así como la de sus familias. El trabajo con jóvenes es elemental para Sofía, considera que es una generación  abierta al cambio pero que al mismo tiempo lleva consigo el bagaje cultural carchense. Ella sugiere tomar más acciones y vincular a este segmento de la población para trabajar en cuestiones de educación, política, género y cultura aprovechando la diversidad de herramientas y/o medios digitales para la difusión y concientización de los mismos. Rosa y Sofía son dos de las tantas mujeres que diariamente trabajan y militan por un cambio en cada uno de sus espacios. Ambas tienen un punto clave en común, la necesidad imperiosa y urgente de atender la educación en los niños, niñas y jóvenes de su provincia, no solo como una obligación estatal, sino como la base de la transformación social. Y por supuesto, para lograr una educación de calidad se deben integrar contenidos tanto teóricos como prácticos en términos de igualdad, justicia, empatía y humanidad. Texto: D. Herrera / E. Corral / M. Naranjo Fotografía: S. Narváez Con la gentil colaboración de ONUMujeres y UNFPA  

  Pronto, 13,099,150 personas habilitadas para el voto (según datos del CNE), acudirán a las urnas para elegir el/la presidente de la República, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. ¿Cuáles son sus propuestas frente a los desafíos del país, como paliar los efectos de la pandemia por COVID-19, poner fin a la pobreza, hacer frente al cambio climático, promover el empleo decente, la igualdad entre hombres y mujeres, instituciones públicas más sólidas y eficaces, reducir la brecha digital y el acceso a servicios de salud y educación de calidad, entre otros? Desde Naciones Unidas, y ante estos retos, invitamos a la ciudadanía a tomar como referencia la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y a ejercer el derecho al voto de manera consciente, solicitando a las distintas candidaturas que sus propuestas respondan a los problemas de desarrollo del Ecuador. ¡Descarga esta Cartilla de Orientación y suma tu compromiso con los ODS! ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030? En septiembre de 2015, con la aprobación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 193 países miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Ecuador, se comprometieron a poner fin a la pobreza y el hambre, disminuir brechas de desigualdad entre países y dentro de estos y construir sociedades más justas, pacíficas e incluyentes, que protejan los derechos humanos, promuevan la igualdad entre los géneros y la sostenibilidad ambiental. La pandemia por Covid-19 ha supuesto un duro golpe para los países en sus esfuerzos por cumplir esta agenda. Sin embargo, también representa una oportunidad para promover un desarrollo y economía diferentes, poniendo en el centro al ser humano y protegiendo al planeta.  Hasta el año 2030 la humanidad tiene por delante una Década de Acción en la que transformar el mundo para erradicar la pobreza, promover sociedades inclusivas, pacíficas, prósperas y resilientes, y rescatar al planeta. ¿Cuál es su avance en el Ecuador y el mundo?  En el caso de Ecuador, ha habido importantes avances, sin embargo, el país enfrenta actualmente grandes retos, agravados por la pandemia:  Se estima que más de 700 mil personas en el último año vieron sus condiciones de empleo empeoradas y entre marzo y septiembre. 280 mil personas han dejado de estar afiliadas a la seguridad social. Ecuador tiene la segunda tasa más alta de desnutrición crónica infantil de la región. Afecta a uno de cada cuatro menores de 5 años. La población indígena es el grupo más vulnerable. Una mala alimentación reduce su rendimiento escolar, así como sus oportunidades de desarrollo y las del país, perpetuando el círculo de la pobreza. La suspensión de la educación en modalidad presencial limita el acceso y excluye a quienes no tienen Internet ni equipos, dificulta el aprendizaje y duplica la jornada de trabajo de las personas a cargo del cuidado de niñas y niños en edad escolar.   El 65% de las mujeres en Ecuador han experimentado alguna forma de violencia en algún momento de su vida. Durante el confinamiento obligatorio, las mujeres se encontraron en una situación de aún mayor indefensión.  Cada día, 7 niñas menores de 14 años y 150 adolescentes son madres, realidad provocada en su mayoría por situaciones de abuso y violencia sexual. Como consecuencia de nuestro abuso hacia la naturaleza, hemos deteriorado el ambiente y han aparecido enfermedades mortales contra las cuales tenemos poca defensa.  Más datos sobre los avances y retos del Ecuador aquí. Respecto al mundo, hay progresos como la mejora de la salud materno infantil, la ampliación del acceso a la electricidad y el aumento de la representación de las mujeres en los gobiernos. Aun así, la pandemia de COVID-19 ha desatado una crisis sin precedentes que obstaculiza aún más el progreso de los ODS, lo que afecta en mayor medida a las personas más pobres y vulnerables del mundo. De esta manera, los avances se han visto contrarrestados por la creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del entorno natural y las persistentes desigualdades. Más información sobre avances en el mundo aquí.