Para las personas venezolanas desplazadas, la regularización es la clave para construir vidas productivas

En la pequeña casa donde viven María José Mercado y José Soto con sus tres hijos en la ciudad fronteriza ecuatoriana de Ibarra, la línea entre el trabajo y la vida familiar es borrosa.

La pareja venezolana, que abandonó su país hace dos años en medio de la escasez de alimentos y medicinas, y una crisis política, económica y de derechos humanos cada vez más profunda, ha convertido el lugar que alquilan en un espacio de trabajo donde mamá, papá y, a veces, incluso los niños juegan un papel importante para ganarse la vida de la familia.

José, que trabajó como artista en su antigua casa, pinta sobre los lienzos que construye y estira María José, mientras que los hijos de la pareja, de 11, 6 y 5 años, a veces aportan algunas pinceladas. La familia vende los productos terminados en los mercados locales, pero su situación irregular les ha impedido llevar su negocio al siguiente nivel.

¡La regularización es vital, es lo que necesitamos para encontrar la estabilidad y la calma”, comentó María José, de 28 años, y agregó que sin ella no pueden obtener el número de identificación fiscal que necesitarían para vender sus cuadros en las tiendas. “También ayudaría a mis hijos. Están en la escuela, pero necesitan tener una identificación para obtener sus certificados”.

Los sueños de regularización de María José están a punto de hacerse realidad. Ecuador anunció recientemente un plan para regularizar a casi el 50 por ciento de las 430.000 personas refugiadas y migrantes venezolanas en el país que actualmente no lo tienen, según una estimación de la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela. El plan no solo eliminará las barreras prácticas para acceder a servicios básicos como la atención médica y la educación, que ya se otorgan independientemente del estatus, sino que también eliminará las barreras al emprendimiento y brindará una puerta completa a la inclusión.

En la vecina Colombia, un proceso similar iniciado recientemente otorgará Estatuto Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) a muchos de los 1.7 millones de personas venezolanas en el país.

“Sin la documentación adecuada, somos rechazados”.

Para Yohana Bracamonte, de 37 años y madre de cinco hijos, que llevó a sus hijos a la ciudad colombiana de Barranquilla hace casi cinco años, el TPS significará que sus hijos, que han estado fuera de la escuela desde que salieron de Venezuela, podrán obtener la educación que necesitan para tener un mejor futuro para sí mismos. También espera aliviarse de un dolor crónico. Yohana sufre de quistes ováricos que requieren una cirugía que, a la que no ha podido someterse por no contar con la documentación adecuada.

“Regularizar nuestra estadía en Colombia es muy importante porque casi no podemos acceder a nada sin esto… atención médica, educación, empleo”, resaltó Yohana, quien, al no poder trabajar legalmente, llega a fin de mes buscando en la basura los materiales reciclables que vende. “Sin la documentación adecuada, somos rechazados”.

José Soto supervisa a su hijo mayor, quien pinta uno de los lienzos que vende la familia para ganar dinero. © ACNUR/Jaime Giménez

María José Mercado estira uno de los lienzos que pintará su esposo. © ACNUR/Jaime Giménez 

María José Mercado ayuda a uno de sus hijos con la tarea. Regularizarse ayudará a que sus hijos completen su educación en Ecuador. © ACNUR/Jaime Giménez

José Soto pinta en su taller de Ibarra, Ecuador. Trabajó como artista en su casa en Venezuela. © ACNUR/Jaime Giménez

Yohana Alejandra Bracamonte, de 37 años, llegó a Colombia en 2016. Contar con el Estatuto Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) la ayudará a ella y a sus hijos a tener un mejor acceso a la atención médica y la educación. © ACNUR/Santiago Escobar-Jaramillo

El jefe de ACNUR, Filippo Grandi, se reúne con niñas y niños en el Centro de Integración Local ‘La Milagrosa’, en Soledad, Atlántico. © ACNUR/Santiago Escobar-Jaramillo

Durante un viaje reciente a la región que incluyó visitas a Panamá, Colombia y Ecuador, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, elogió los esfuerzos para regularizar a las personas venezolanas desplazados y señaló que “a pesar de la pandemia y muchos otros desafíos, hemos visto pasos positivos hacia la inclusión y las soluciones”.

En un evento en la capital colombiana, Bogotá, con motivo del Día Mundial del Refugiado el 20 de junio, Grandi describió la decisión del gobierno de implementar el TPS como “visionaria, un ejemplo de humanismo y pragmatismo”. Grandi también elogió esfuerzos similares en Ecuador, Perú y República Dominicana.

“A través de la regularización se garantiza el acceso a los derechos fundamentales”, comentó. “Estas diversas iniciativas, que en conjunto podrían beneficiar hasta a 3 millones de personas venezolanas, deberían servir como modelo de solidaridad e inclusión de las personas refugiadas a nivel global”.

Grandi enfatizó que la regularización trae beneficios no solo a las personas desplazadas sino también a las comunidades de acogida donde buscan seguridad.

“Traemos nuestro conocimiento con nosotros”, expresó María José, la madre venezolana en Ibarra, y agregó que en Venezuela trabajó como maestra de escuela primaria y “le gustaría retribuir” a su comunidad de acogida trabajando en el campo que eligió.

Su esposo compartió sus sentimientos.

“Estamos trayendo nuestro conocimiento a Ecuador y también aprendiendo cosas nuevas del país”, aseguró José, cuyo negocio de pintura fue impulsado por un programa implementado por ACNUR y su socio HIAS que brinda a los futuros empresarios capital semilla y asesoramiento empresarial.

“Si podemos regresar a nuestro país, Venezuela, nos llevaremos lo que hemos aprendido aquí”.