Para proteger la salud de todas las personas, hay que proteger los derechos de cada una

Cada semana de 2022, 4000 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se infectaron con el VIH en todo el mundo, en gran parte porque no se respetan sus derechos. Cuando se hacen realidad los derechos de las niñas a la educación y al empoderamiento, su vulnerabilidad al VIH se reduce considerablemente.

El matrimonio infantil y forzado (MCI) es una violación de los derechos humanos y una práctica nociva que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas en todo el mundo. Las hace más vulnerables a la violencia, la discriminación, el abuso y a infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

El matrimonio infantil quedó prohibido en Perú a partir de Noviembre de 2023 por decisión del Parlamento peruano, que aprobó una ley que prohíbe la unión de menores de 18 años.

En los años 80, al comienzo de la epidemia de SIDA, la mayoría de los países del mundo criminalizaban a las personas LGBTQ+, ahora dos tercios de los países no las criminalizan.

La investigación de ONUSIDA demuestra que la prevalencia del VIH entre hombres gay y otros hombres que tiene sexo con hombres, es 5 veces mayor en países que criminalizan relaciones entre personas del mismo sexo. En los países donde se despenalizaron las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, incremento el acceso a servicios de atención, prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH.

Los países que están combatiendo la epidemia del SIDA lo hacen derogando leyes y políticas discriminatorias, ampliando los derechos humanos para todos y permitiendo que las comunidades marginadas participen y lideren la respuesta. Ecuador y Peru se encuentran entre los 38 países que se han comprometido a poner fin al estigma y la discriminación relacionados con el VIH.

Algunos países están aprobando leyes draconianas que criminalizan y exponen a comunidades a altos niveles de violencia, estigma y discriminación.

En Ecuador, la Asamblea Nacional se encuentra en el proceso del segundo debate de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluye un artículo que propone criminalizar la transmisión intencional de enfermedades infectocontagiosas, incluido el VIH, con 1 a 3 años de pena privativa de libertad. De aprobarse, implicaría una grave vulneración de los derechos de las personas que viven con VIH y puede desincentivar la consulta a servicios de diagnóstico, prevención, tratamiento. Las leyes que penalizan la exposición o transmisión del VIH suelen pasar por alto el hecho de que la mayoría de las nuevas infecciones son transmitidas por personas que desconocen que viven con VIH.

Aquellas personas que sufren discriminación en el sector salud, tienen 2.4 veces más probabilidad de no volver a consultar y por lo tanto de no participar en programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, lo que determina el riesgo del aumento del número de nuevas infecciones y muertes relacionadas al SIDA, lo que es perjudicial para la salud de todos.

El análisis de los estudios índice 2.0 de estigma y discriminación de las personas viviendo con y afectadas por el VIH realizados en Peru, Ecuador, Bolivia, y Colombia en 2023, reportan que el 50% de los encuestados en Bolivia se sintieron discriminados en el sector salud y el 59% en Colombia.

La salud pública se ve socavada cuando las leyes, políticas, prácticas o normas imponen el castigo, la discriminación o el estigma a personas, ya sea por ser mujeres, LGBTQ+, migrantes, trabajadoras sexuales o personas que consumen drogas.

Sin embargo, tenemos esperanza en la lucha de las comunidades más afectadas por la discriminación. Ellas están liderando y demandando el derecho a la salud, y el derecho a la vida. Necesitan ser acompañadas en este esfuerzo. Este 1º de marzo, tomemos acción y protejamos los derechos de todos que es proteger la salud de todos.