Proyecto “Expansión del sistema de protección social para hombres y mujeres jóvenes en situación de informalidad”, presenta sus avances del primer año

En Ecuador, los jóvenes se enfrentan a barreras estructurales para acceder al mercado laboral en condiciones de trabajo decente y a la protección social. Esta problemática se agudiza entre las mujeres, quienes experimentan mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza (24% para mujeres jóvenes) en comparación con hombres jóvenes (21%), según cifras del MIES. Jóvenes, hombres y mujeres dependen en gran parte de la economía informal para cubrir sus necesidades de subsistencia, y la pandemia por la COVID-19 ha agravado aún más su situación en el mercado laboral. En el país, desde el inicio de la crisis en marzo hasta septiembre de este año, 234.475 personas se han desvinculado de la seguridad social. De éstas, 47% son personas entre 21 y 30 años de edad.

La Coordinadora Nacional del proyecto, Daniela Arias, explicó que esta iniciativa busca incorporar a la población joven, de entre 18 y 29 años, en condiciones de informalidad económica, al sistema de protección social y promover su acceso al trabajo decente. Entre sus objetivos están diseñar un esquema innovador que facilite la incorporación de los jóvenes al sistema contributivo de seguridad social; desarrollar estrategias para la sostenibilidad financiera del sistema, así como para la transición de esta población a la formalidad; y elaborar un modelo de servicios de cuidado para madres y padres jóvenes que trabajan en la economía informal. Destacó algunos de los hitos alcanzados. Entre éstos, las actividades desarrolladas en conjunto con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio del Trabajo, para implementar el esquema que permitirá incorporar a los más jóvenes a la seguridad social. En este contexto, se han realizado estudios y encuestas para caracterizar a los jóvenes en la informalidad y los impactos que han sufrido a causa de la COVID-19. Adicionalmente, se está trabajando en el diseño de mecanismos de inclusión financiera enfocados a mujeres y jóvenes, y ya se cuenta con un convenio de cooperación con el Banco Central del Ecuador para ponerlos en marcha. A su vez, se trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Trabajo en varias aristas para fomentar el acceso al trabajo decente, entre las que se cuentan el fortalecimiento de plataformas para búsqueda de vacantes laborales y de programas de empleabilidad, creación de reconocimientos a empresas que vinculen a la población objetivo al mercado laboral formal, estudios de necesidades, entre otros. Asimismo, se ha formado un espacio de trabajo colaborativo entre los gobiernos locales de Loja, Machala, Quito y Guayaquil y el proyecto, para impulsar la creación de servicios de cuidado e institucionalización de programas de capacitación, mismos que han sido implementados no solo con estos gobiernos sino también con entidades del sector público y privado y organizaciones de la sociedad civil.

En cuanto a los próximos pasos que se ejecutarán durante el año 2021, estos incluyen el diseño de una estrategia de sostenibilidad del esquema innovador para la ampliación de cobertura de seguridad social a los jóvenes. Por otro lado, se pondrá en marcha las diversas iniciativas diseñadas durante el presente año: el registro único de jóvenes en situación de informalidad, los programas de capacitación e inclusión financiera, y el modelo de servicios de cuidado en las 4 ciudades en las que se enfoca el proyecto.

Por su parte, Philippe Vanhuynegem, director de la OIT para los Países Andinos, mencionó la importancia de la protección social como herramienta para reducir brechas de desigualdad. Recalcó dos grandes desafíos que se avizoran en este tema para el Ecuador: la ampliación de la cobertura y la sostenibilidad de la seguridad social. En el mismo sentido, Matilde Mordt, representante del PNUD, señaló que es imperante fortalecer los sistemas de protección social en el contexto actual, con gran parte de la población en situación de vulnerabilidad. Según proyecciones del PNUD, podría haber un aumento de la pobreza de casi 12% y alrededor de 800.000 personas estarían en riesgo de caer en la pobreza extrema, en Ecuador. Destacó que, como parte de la respuesta socioeconómica del Sistema de Naciones Unidas, para hacer frente a la COVID-19, se plantea el fortalecimiento de la protección social y la necesidad de salvaguardar las fuentes de empleo y proteger la MIPYMES. Finalmente, la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído Almagro, abordó las iniciativas en favor de la inclusión y educación financiera; y el diseño de sistemas de cuidado, tomando en cuenta las necesidades de padres y madres jóvenes; así como la transversalidad del enfoque de género en todos los componentes y actividades del proyecto.

La naturaleza interagencial y multidisciplinaria de este proyecto permite abordar el problema de la expansión del sistema de protección social para jóvenes y mujeres desde una perspectiva integral. A tal efecto, se buscan soluciones que planteen cambios estructurales y de largo plazo, que permitan no solo avanzar hacia el desarrollo sostenible Sin Dejar a Nadie Atrás, sino también hacer frente a la crisis económica provocada por la COVID-19.