El cuaderno de la Coordinadora Residente: Esmeraldas

Al llegar a la provincia de Esmeraldas, tras recorrer las sinuosas carreteras desde la capital, Quito, se le perdonará pensar que ha abandonado la región andina. Enclavada en el extremo noroccidental de Ecuador, con sus exuberantes bosques tropicales, manglares y playas rodeadas de palmeras, Esmeraldas recuerda a un destino vacacional caribeño. Su demografía corrobora a esta percepción: el 45% de la población es afrodescendiente, la mayor concentración de Ecuador, y la herencia africana impregna todos los aspectos de la cultura: desde los ritmos de la marimba, pasando por sus expresiones culinarias como el delicioso encocado (guiso de pescado con coco de origen criollo), hasta la calidez de la gente.

Pero no estoy aquí de vacaciones. Preocupada por los informes sobre el aumento de la delincuencia y la violencia en las zonas costeras de Ecuador, vine a reunirme con los equipos de las Naciones Unidas que trabajan en Esmeraldas, para experimentar de primera mano cómo la situación está afectando a su seguridad personal y a su capacidad para implementar nuestros programas. Por si los problemas de seguridad no fueran suficientes, apenas unos días antes de mi llegada, Esmeraldas fue sacudida por un terremoto de 6 grados de magnitud. Unas 3.000 personas perdieron sus hogares y muchas se encuentran ahora en refugios temporales. A petición de las autoridades locales, el PMA, ACNUR, UNICEF y UNFPA de manera inmediata apoyaron a la población con transferencias de efectivo, kits de agua e higiene y protección. Las necesidades aumentarán y la labor humanitaria se ve limitada por las condiciones de inseguridad. Estoy preocupada al salir del auto y entrar en la humedad, preocupada por mis colegas y preocupada por la gente de Esmeraldas, cuya resistencia está siendo puesta a prueba.

Mis colegas y nuestros socios cooperantes me informan sobre el contexto. Se ha producido un cambio dramático en el ámbito de la seguridad en los últimos meses. Reportes oficiales muestran que las tasas de homicidio se han triplicado. Los coches bomba, las ejecuciones al estilo de los cárteles y las extorsiones están aumentando, ya que los grupos criminales luchan por el control de las rutas del narcotráfico y del territorio. En algunos barrios de la capital de la provincia, las fronteras invisibles limitan la libertad de movimiento. Algunos organismos, por razones de seguridad, han tenido que trasladar las actividades de desarrollo previstas a otras zonas, menos afectadas por la criminalidad.

Incluso el acceso a derechos básicos como la salud y la educación está en peligro. "Sabemos que los profesores tienen miedo de dar clase tras las amenazas y el acoso de las bandas, y que dejan (algunas) escuelas abandonadas", me dice un colega. Esto es especialmente preocupante en una provincia con una tasa de analfabetismo del 15% y donde las escuelas estuvieron cerradas durante un año y medio debido a la pandemia. Fuera del sistema educativo, los niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de tener embarazos precoces, consumir drogas y ser reclutados por grupos dedicados a actividades ilícitas. Vulnerabilidades subyacentes como la pobreza extrema (25%, el doble de la media nacional) y las tasas de desempleo, de por sí altas, han aumentado con la pandemia. Y como me dice otro colega, incluso la inseguridad alimentaria es alta, lo que parece irónico en la "provincia verde", conocida por su considerable producción agrícola y su industria pesquera.

El deterioro del contexto de la seguridad está generando preocupación también en las autoridades. En mis conversaciones con funcionarios de los cantones de la frontera norte, es decir con Colombia, se menciona el desplazamiento de las comunidades locales. Familias que han abandonado sus hogares, ya que una suerte de abandono histórico en las zonas fronterizas ha permitido la infiltración de grupos criminales. En la Defensoría del Pueblo, mis interlocutores me confirman que hay zonas en las que no operan en este momento, lo que se traduce en una preocupante desprotección de los derechos de los grupos vulnerables, entre ellos, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y Colombia, las poblaciones indígenas, las mujeres y las niñas.

Las Naciones Unidas (ACNUR, OIM, UNFPA y UNODC), con el apoyo financiero de la Unión Europea, trabajan con las autoridades nacionales y locales en el diseño e implementación de un Sistema de Alerta y Respuesta Temprana para la prevención y gestión de crisis derivadas de violaciones de derechos humanos y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de respuesta. "Estamos muy agradecidos por toda la cooperación de la ONU, porque hemos sufrido mucho", me dice un alto funcionario. "Esmeraldas es socioeconómicamente vulnerable, fuimos duramente golpeados por el terremoto de 2016 y ahora nuevamente. Estamos trabajando para volver a construir de forma sostenible y combatir la delincuencia."

A medida que avanzo en mi agenda, la dimensión de violencia de género se hace preocupantemente evidente. En una visita a la Casa Marimba, un centro de acogida para mujeres, niñas y niños sobrevivientes de la violencia doméstica, me encontré con Sabina, una mujer de 32 años, madre de cuatro hijos, que había escapado de los abusos y la violencia de su marido. "Intenté marcharme muchas veces, pero el sistema va en contra de ti. Las autoridades no te toman en serio, nos dicen que lo solucionemos en el seno de la familia o que el proceso es tan complicado que simplemente te rindes", me dice con seriedad.

En Casa Marimba, gracias al apoyo del Municipio y del UNFPA, ONUMUJERES, ACNUR y el PMA, Sabina recibe comida y alojamiento, así como la asistencia legal y social necesaria para llevar su caso. Igualmente importante es el apoyo emocional y psicológico; para sentirse bien consigo misma y, finalmente, atreverse a empezar una nueva vida, libre de violencia. "Quiero estudiar", dice. "Quiero demostrar a mis hijos que soy fuerte". Desgraciadamente, la demanda supera los servicios disponibles. La Casa Marimba es el único centro de acogida contra la violencia doméstica de la provincia, a pesar de que se calcula que el 68% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida. El número local de emergencias ECU911 recibe una media de 12 a 16 llamadas diarias relacionadas con la violencia de género.

Frente a estos retos aparentemente insuperables, me animó ver una sociedad civil notablemente fuerte y un liderazgo local resistente en Esmeraldas. En la Casa Comunitaria del Barrio 26 de Febrero, hablé con un grupo de defensores de la comunidad, que trabajan incansablemente por los grupos en riesgo. Ya sea que se centren en las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados, las trabajadoras sexuales o las personas LGBTQ+, estos líderes locales se están uniendo e interviniendo para llenar un vacío. "La unión hace la fuerza", explicaron, mientras describían su trabajo de vigilancia de los derechos humanos, empoderamiento y defensa para apoyar el cumplimiento de las políticas públicas, que ha sido posible gracias a la formación en liderazgo y al apoyo financiero de ACNUR, UNFPA y UNICEF.

Una determinación similar mostró "Mujeres del Sur" una red de mujeres refugiadas y lideresas comunitarias ecuatorianas que trabajan para mitigar la violencia de género y el reclutamiento por parte de grupos armados. Su metodología consiste en trabajar con chicos y chicas adolescentes en actividades que ellos eligen y en crear espacios seguros para hablar de las nuevas masculinidades y la prevención de la violencia, un esfuerzo conjunto de UNICEF y UNFPA.

Cuando me reuní con las mujeres en la Unidad Educativa Walter Quiñonez, me mostraron con orgullo el huerto medicinal que habían creado con el apoyo de ACNUR.  "El huerto sirve para muchas cosas", me explicó Pamela, una refugiada de Colombia. "Es un espacio seguro y curativo donde podemos olvidarnos de la inseguridad y la discriminación. Aquí nos reunimos para hablar y apoyarnos mutuamente. Nos educamos y conservamos nuestros conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales. Nos ayuda a mantener nuestro patrimonio y nuestra cultura".

La unidad educativa se encuentra en un sector con riesgo de emergencia climática por inundaciones y deslizamientos, por lo que, en una segunda fase del proyecto, el PNUD trabajará con la red en un piloto de reforestación para el control de inundaciones del río Esmeraldas, que irá acompañado de capacitación y sensibilización sobre riesgos climáticos.  Las mujeres tienen la esperanza de que estas iniciativas y formaciones apoyadas por la ONU les ayuden a conseguir un empleo, unos ingresos dignos y a mantener la seguridad de sus familias.

Me quedé con las mujeres del sur durante más de una hora, uniéndome a ellas tanto en la risa como en el llanto.  Al igual que sus comunidades y la propia provincia, las mujeres de Esmeraldas mostraron una notable resistencia. Resistencia a las dificultades económicas, resistencia a la violencia y resistencia a los peligros, todo ello manteniendo su calidez y hospitalidad.

Su espíritu, así como la determinación de las autoridades locales y los líderes comunitarios, ha reforzado mi compromiso de trabajar con mis valientes colegas de las Naciones Unidas en Esmeraldas.  No obstante de los desafíos que hay en materia de seguridad, Esmeraldas es una provincia fantástica a la que me gustaría volver, ahora sí no solo por trabajo.

Nos leemos la próxima.

                                     - Lena.