El cuaderno de la Coordinadora Residente: las emergencias y los desastres

Es el 19 de junio y estoy en la Unidad Educativa Fausto Molina, en el barrio Codesa de Esmeraldas. Me encuentro hablando con Hermencia Benites, madre de tres hijos. Dos semanas antes, Hermencia fue una de las 15.000 personas afectadas por las intensas lluvias que azotaron Esmeraldas, provocando desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en seis cantones de la provincia. Según evaluaciones oficiales de necesidades, más de 3.000 casas quedaron inundadas y varias instituciones educativas y centros de salud sufrieron daños.

La Unidad Educativa Fausto Molina resistió las lluvias pero el aula en la que nos encontramos no está llena de alumnos y pupitres como sería de esperar. Bajo el liderazgo del municipio, se ha convertido en un albergue de emergencia para las familias afectadas, que aquí pueden obtener comida, un techo sobre sus cabezas y un colchón para dormir. Varias agencias de la ONU y ONGs han apoyado el esfuerzo: el PMA con bonos para comprar alimentos, el ACNUR con colchones y kits de albergues y el UNFPA con atención psicosocial y capacitación para prevenir la violencia sexual y de género.

Un país propenso a los desastres

El destino de Hermencia y su familia no es único. Ecuador ocupa el puesto 76 entre los países con mayor propensión a sufrir crisis y desastres en el mundo y es el tercero más alto de América Latina y el Caribe, ubicándose detrás de Perú y Haití. Sólo entre enero de 2020 y mayo de 2021, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró más de 7.400 eventos peligrosos. Con el impacto del cambio climático también han aumentado la frecuencia, intensidad y severidad de los desastres naturales. Se estima que para 2025 las pérdidas económicas en Ecuador provocadas por eventos climáticos extremos relacionados con el cambio climático podrían alcanzar los 5.600 millones de dólares.

Si bien los efectos de las crisis y los desastres afectan a toda la población, son más adversos en poblaciones que viven en pobreza o pobreza extrema. Esto incluye a las nacionalidades y pueblos indígenas que dependen más de la agricultura, la pesca y la caza para su sustento, y a las personas que viven en zonas rurales donde el acceso a los servicios básicos es limitado.

Según estudios del UNFPA y UNICEF, las mujeres y los niños también tienen mayores vulnerabilidades, debido a su limitada participación en la toma de decisiones y el escaso control de los activos, además del riesgo de abuso y violencia de género, que tiende a aumentar durante los desastres a medida que las redes sociales colapsan. Más allá del trauma y el daño inmediatos causados ​​por la exposición a los desastres naturales, los niños también pueden sufrir déficit físicos, psicológicos y educativos a largo plazo, en particular con el cierre de colegios y centros infantiles.

El colegio Fausto Molina ya lleva dos semanas cerrado, impidiendo el acceso a 1.700 estudiantes. Como la mayoría del cuerpo de estudiantes provienen de barrios con dificultades socioeconómicas, como Los Mangos y 24 de Mayo, las clases virtuales y el aprendizaje remoto simplemente no son posibles. Durante la pandemia, los estudiantes de Fausto Molina estuvieron esencialmente sin educación durante dos años. El rector del colegio, Paúl Escobar, nos cuenta que han desarrollado un plan de continuidad educativa, que esperan permita a los estudiantes regresar pronto a clases de forma progresiva, al menos unos días a la semana. Destaca la importancia de ofrecer educación para restaurar una sensación de normalidad y proteger a los niños de un entorno cada vez más difícil, donde el aumento de la violencia y la inseguridad ha incrementado el riesgo de reclutamiento en organizaciones criminales.

La complejidad de la acción humanitaria

Más tarde ese mismo día, durante mis reuniones con los equipos locales de la ONU, los socios operativos y las autoridades a cargo de la respuesta, se me explica la complejidad de la entrega de asistencia de emergencia en el contexto actual. Los mecanismos de resiliencia de la población local son bajos, debido a la sucesión de crisis de los últimos años, y a que las autoridades locales recién instaladas tienen capacidades y recursos limitados para atender las necesidades. También es necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades centrales y locales, en línea con el Sistema Nacional Descentralizado para la Gestión de Riesgos, así como con las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales para garantizar la claridad de las funciones y responsabilidades.

Si bien muchas personas ya se han beneficiado del Bono Humanitario Alimentario del sistema nacional de protección social, el cual está administrado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, las lagunas en el registro social dificultan llegar a todos los afectados de manera oportuna. Otros grupos, como los refugiados y migrantes colombianos y venezolanos, también están excluidos de esta red de seguridad. Un funcionario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos me confirma que un desafío particular es calificar para el bono de vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ya que muchas de las familias afectadas vivían en asentamientos informales, sin escrituras ni títulos de propiedad. A dos semanas de la emergencia, solo cuatro familias han recibido este bono. Esto complica la implementación de una estrategia de salida para los ocho albergues de emergencia. Algunos de los cuales, enfrentan amenazas o desafíos operativos debido al volátil contexto de seguridad y la presencia de bandas armadas. Y flotando como una nube oscura sobre todas nuestras conversaciones, está la amenaza inminente de una emergencia aún mayor en los próximos meses: la llegada de El Niño.

El Niño

El Niño es un patrón climático que ocurre de manera irregular (en promedio cada 2 a 7 años) en el que las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico se vuelven más cálidas de lo normal. Uno de los efectos más notables de El Niño en Ecuador, es el aumento de las precipitaciones, particularmente en las regiones costeras. Lo que provoca inundaciones y deslizamientos de tierra, a menudo con consecuencias desastrosas. Se estima que entre 1997 y 1998 en Ecuador, El Niño costó la vida a al menos 286 personas, dejó a unas 30.000 personas sin hogar, y aumentó los riesgos para la salud derivados de enfermedades infecciosas como la malaria, la diarrea y el cólera. Una proporción mucho mayor de la población se vio afectada por pérdidas de ingresos o desempleo cuando las tierras agrícolas se inundaron, la industria pesquera se vio afectada y la infraestructura quedó destruida. Las pérdidas económicas ascendieron a 2.869,3 millones de dólares, alrededor del 17% del PIB, y la economía del país cayó un 2,8%.

Expertos tanto del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR) como de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, una agencia especializada de la ONU), estiman que existe entre un 90% y un 96% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño afecte significativamente al Ecuador. Algunas de las consecuencias serán las fuertes lluvias, que comenzarían en octubre de 2023 y podrían extenderse hasta junio de 2024. Pero esta vez se espera que el país esté mejor preparado para gestionar la crisis. Ya en junio, el presidente Guillermo Lasso declaró como “prioridad nacional la ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación” ante la amenaza de El Niño. Por su parte, el 19 de septiembre de 2023 la SNGR emitió la alerta naranja, advirtiendo que alrededor de 1,5 millones de personas y 300.000 hogares podrían verse afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Planificación de contingencias y el equipo humanitario de país de la ONU

El sistema de las Naciones Unidas también está dispuesto a desempeñar su papel. Trabajando en el marco del Equipo Humanitario de País (EHP), que también incluye socios del movimiento de la Cruz Roja y ONG internacionales, en junio se inició un intenso ejercicio de planificación de contingencias, con asistencia técnica de OCHA. En caso de que se solicite asistencia internacional, el objetivo del trabajo del EHP es complementar la respuesta nacional con asistencia humanitaria. Centrándose en las poblaciones más vulnerables y de difícil acceso para salvar vidas, minimizar los efectos negativos y apoyar su recuperación. El EHP trabaja bajo los principios humanitarios de humanidad, independencia, imparcialidad y neutralidad, promoviendo siempre un enfoque de derechos humanos, género y cultura.

Los actores del EHP han identificado acciones prioritarias para todos los sectores humanitarios, incluida la seguridad alimentaria, el agua/saneamiento, la educación, la salud, los albergues temporales, la logística y la protección. Para la fase preparatoria, la atención se centra en fortalecer la coordinación y la planificación con los ministerios competentes, brindar capacitación a los socios gubernamentales, desarrollar protocolos para las evaluaciones de necesidades y apoyar los sistemas de alerta temprana y campañas de comunicación para el público. Para la fase de respuesta, las actividades incluirán apoyo a las evacuaciones, establecimiento y gestión de albergues, asegurando la continuidad de los servicios esenciales de salud, educación y agua/saneamiento y prevención y respuesta a la violencia sexual y de género. El EHP está preparando bienes y equipos para poder proporcionar alimentos urgentes o asistencia en efectivo/bonos, kits de higiene y kits para bebés a las personas afectadas y también brindará apoyo a las pequeñas y medianas empresas con entrega de suministros, capacitación y rehabilitación de infraestructura productiva.

Reducir el riesgo futuro de desastres

Trabajando con un enfoque al largo plazo, la ONU también ha estado apoyando a Ecuador con la adopción e implementación de estrategias en línea con el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. En 2022, por ejemplo, el PNUD apoyó a comunidades locales para que estuvieran mejor preparadas y fueran más resilientes ante los desastres gracias a la mejora de los sistemas hídricos, una mejor comprensión de los peligros volcánicos y la formación de comités comunitarios de gestión de riesgos. El PMA ayudó a fortalecer el Sistema de Alerta Temprana Volcánica instalando sirenas alrededor de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, y diseñando medidas de protección de los medios de vida para evitar inundaciones y deslizamientos de tierra. Varias agencias han proporcionado asistencia técnica para el desarrollo de un sistema de protección social que reaccione ante las emergencias, y para fortalecer el marco normativo con una Ley integral sobre gestión de desastres. Ecuador es también uno de los países focales para el “Early Warning For All”, iniciativa lanzada por el Secretario General de la ONU, Antonio Gutérres, en 2022. Implementada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la OMM, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Federación Internacional, el objetivo es que todas las personas en la Tierra estén protegidas por sistemas de alerta temprana para 2027, una medida que se espera reduzca los daños causados ​​por desastres en un 30%.

Trabajando juntos

Para el pueblo de Esmeraldas, ese apoyo no llegará lo suficientemente pronto. Al hablar con altas autoridades de la capital provincial, en la última reunión de mi misión, comparten su preocupación por el potencial impacto de El Niño, dada la vulnerabilidad de sus territorios. ”Tenemos una emergencia de seguridad, financiera y ambiental en nuestras manos. Pero de momento no tenemos nada. La ONU es un aliado estratégico para nosotros. Ayúdanos para que al menos tengamos algo”.

Las palabras de las autoridades locales permanecieron conmigo cuando regresé a Quito ese mismo día. Habiendo comenzado mi carrera trabajando en las agencias humanitarias de la ONU, sé que cualquier emergencia es caótica y yo también me preocupo por el impacto de El Niño. Pero también sé que en cualquier emergencia la coordinación, la planificación y las acciones preventivas son claves. Trabajando juntos; autoridades nacionales y locales, socios de las Naciones Unidas y ONG, comunidad internacional, sector privado y comunidades afectadas; podemos salvar vidas, reducir los daños y garantizar la recuperación. Tengo la esperanza de que a través de nuestros esfuerzos concertados y con voluntad política, la gente de Esmeraldas y otras provincias del Ecuador recorrerán un largo camino para superar el desafío de El Niño y reducir el riesgo de futuras emergencias.