Naciones Unidas en Ecuador

El Ecuador ratificó su compromiso con los ODS y declaró la Agenda 2030 como política pública del Gobierno Nacional. La Asamblea Nacional, por su parte, adoptó una resolución en la que se compromete con la implementación de los ODS y los coloca como un referente obligatorio para su trabajo. A nivel local, varios gobiernos autónomos descentralizados han articulado su planificación para el cumplimiento de la agenda global. También el sector privado, la sociedad civil y la academia se han sumado a este compromiso nacional, bajo la premisa de caminar juntos hacia objetivos comunes para asegurar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todas las personas.

Comunicado de prensa

08 marzo 2021

Una crisis con rostro de mujer

Ahora que el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo, se perfila claramente una cruda realidad: la crisis de la COVID-19 tiene rostro de mujer. La pandemia está agravando las ya profundas desigualdades a las que se enfrentan las mujeres y las niñas, borrando con ello años de progreso hacia la igualdad de género. Las mujeres tienen mayor probabilidad de trabajar en los sectores más afectados por la pandemia. La mayoría de los trabajadores esenciales de primera línea son mujeres, muchas de ellas pertenecientes a grupos marginados por motivos de raza u origen étnico y en la parte más baja de la escala de ingresos. Las mujeres son un 24 % más vulnerables a la pérdida de su puesto de trabajo y a sufrir una caída más pronunciada de sus ingresos. La brecha salarial entre hombres y mujeres, ya elevada, se ha agrandado, también en el sector de la salud. El trabajo de cuidados no remunerado ha aumentado drásticamente debido a las órdenes de confinamiento y a los cierres de escuelas y centros de cuidado infantil. Es posible que millones de niñas no vuelvan jamás a la escuela. Las madres, especialmente las solteras, han sufrido grandes adversidades y ansiedad. La pandemia también ha desencadenado una epidemia paralela de violencia contra las mujeres en todo el mundo, con un aumento disparado del maltrato en el hogar, la trata, la explotación sexual y el matrimonio infantil. Entretanto, si bien las mujeres constituyen la mayor parte de los profesionales sanitarios, según un estudio reciente, solo el 3,5 % de los equipos de tareas de respuesta a la COVID-19 estaban integrados por el mismo número de hombres que de mujeres. En la cobertura informativa de la pandemia a nivel mundial, solo una de cada cinco fuentes especializadas era una mujer. Toda esta exclusión constituye en sí misma una emergencia. El mundo necesita un nuevo impulso para avanzar en el liderazgo de las mujeres y la igualdad de participación. Está claro que de ello nos beneficiaremos todos. Las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo han demostrado su capacidad y eficacia en la respuesta a la COVID-19. En el último año, los países liderados por mujeres han tenido tasas de transmisión más bajas y con frecuencia están mejor posicionados para la recuperación. Las organizaciones de mujeres han colmado lagunas cruciales proporcionando servicios e información críticos, especialmente a nivel comunitario. De manera generalizada, cuando las mujeres lideran los gobiernos, vemos mayor inversión en protección social y mayores avances en la lucha contra la pobreza. Cuando hay mujeres en los parlamentos, los países adoptan políticas más rigurosas en la esfera del cambio climático. Si las mujeres están presentes en las negociaciones de paz, los acuerdos son más duraderos. Sin embargo, las mujeres no representan más que la cuarta parte de los legisladores nacionales en todo el mundo, la tercera parte de los miembros de los gobiernos locales, y tan solo la quinta parte de los ministros de gobierno. Si se mantiene la trayectoria actual, la paridad de género no se alcanzará en los órganos legislativos nacionales antes de 2063. Alcanzar la paridad entre los jefes de Gobierno llevaría bastante más de un siglo. Lograr un futuro mejor depende de que abordemos este desequilibrio de poder. Las mujeres tienen el mismo derecho a hablar con autoridad sobre las decisiones que afectan a su vida. Me enorgullece que hayamos conseguido la paridad de género en los puestos directivos de las Naciones Unidas. La recuperación tras la pandemia es nuestra oportunidad para trazar una nueva senda: una de igualdad. Deben dirigirse medidas de apoyo y estímulo en concreto a las mujeres y las niñas, entre otras cosas, aumentando la inversión en la infraestructura del cuidado. Si la economía formal funciona, es solo porque está subvencionada por el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres. Al recuperarnos de esta crisis, debemos trazar una senda que conduzca a un futuro inclusivo, verde y resiliente. Exhorto a todos los dirigentes a que adopten seis tipos de medidas clave: Primero, velar por la igualdad de representación —desde las juntas de gobierno de las empresas a los parlamentos, desde la educación superior a las instituciones públicas— adoptando medidas especiales y cuotas. Segundo, invertir de manera sustancial en la economía del cuidado y la protección social, y redefinir el producto interno bruto de modo que el trabajo en los hogares sea visible y se contabilice. Tercero, eliminar las barreras a la inclusión plena de las mujeres en la economía, entre otras cosas, mediante el acceso al mercado de trabajo, los derechos a la propiedad y facilidades de crédito e inversiones específicas para las mujeres. Cuarto, derogar todas las leyes discriminatorias en todos los ámbitos, desde el mundo laboral a los derechos sobre la tierra, pasando por el estatuto personal y la protección frente a la violencia. Quinto, todos los países deberían aprobar un plan de respuesta de emergencia para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas y acompañarlo de financiación, políticas y voluntad política para acabar con esta lacra. Sexto, cambiar la mentalidad, fomentar la conciencia pública y denunciar el sesgo sistémico. El mundo tiene una oportunidad de dejar atrás generaciones de discriminación arraigada y sistémica. Es hora de construir un futuro de igualdad.

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Historia

07 marzo 2022

Para las personas venezolanas desplazadas, la regularización es la clave para construir vidas productivas

En la pequeña casa donde viven María José Mercado y José Soto con sus tres hijos en la ciudad fronteriza ecuatoriana de Ibarra, la línea entre el trabajo y la vida familiar es borrosa. La pareja venezolana, que abandonó su país hace dos años en medio de la escasez de alimentos y medicinas, y una crisis política, económica y de derechos humanos cada vez más profunda, ha convertido el lugar que alquilan en un espacio de trabajo donde mamá, papá y, a veces, incluso los niños juegan un papel importante para ganarse la vida de la familia. José, que trabajó como artista en su antigua casa, pinta sobre los lienzos que construye y estira María José, mientras que los hijos de la pareja, de 11, 6 y 5 años, a veces aportan algunas pinceladas. La familia vende los productos terminados en los mercados locales, pero su situación irregular les ha impedido llevar su negocio al siguiente nivel. ¡La regularización es vital, es lo que necesitamos para encontrar la estabilidad y la calma”, comentó María José, de 28 años, y agregó que sin ella no pueden obtener el número de identificación fiscal que necesitarían para vender sus cuadros en las tiendas. “También ayudaría a mis hijos. Están en la escuela, pero necesitan tener una identificación para obtener sus certificados”. Los sueños de regularización de María José están a punto de hacerse realidad. Ecuador anunció recientemente un plan para regularizar a casi el 50 por ciento de las 430.000 personas refugiadas y migrantes venezolanas en el país que actualmente no lo tienen, según una estimación de la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela. El plan no solo eliminará las barreras prácticas para acceder a servicios básicos como la atención médica y la educación, que ya se otorgan independientemente del estatus, sino que también eliminará las barreras al emprendimiento y brindará una puerta completa a la inclusión. En la vecina Colombia, un proceso similar iniciado recientemente otorgará Estatuto Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) a muchos de los 1.7 millones de personas venezolanas en el país. “Sin la documentación adecuada, somos rechazados”. Para Yohana Bracamonte, de 37 años y madre de cinco hijos, que llevó a sus hijos a la ciudad colombiana de Barranquilla hace casi cinco años, el TPS significará que sus hijos, que han estado fuera de la escuela desde que salieron de Venezuela, podrán obtener la educación que necesitan para tener un mejor futuro para sí mismos. También espera aliviarse de un dolor crónico. Yohana sufre de quistes ováricos que requieren una cirugía que, a la que no ha podido someterse por no contar con la documentación adecuada. “Regularizar nuestra estadía en Colombia es muy importante porque casi no podemos acceder a nada sin esto… atención médica, educación, empleo”, resaltó Yohana, quien, al no poder trabajar legalmente, llega a fin de mes buscando en la basura los materiales reciclables que vende. “Sin la documentación adecuada, somos rechazados”. José Soto supervisa a su hijo mayor, quien pinta uno de los lienzos que vende la familia para ganar dinero. © ACNUR/Jaime Giménez María José Mercado estira uno de los lienzos que pintará su esposo. © ACNUR/Jaime Giménez María José Mercado ayuda a uno de sus hijos con la tarea. Regularizarse ayudará a que sus hijos completen su educación en Ecuador. © ACNUR/Jaime Giménez José Soto pinta en su taller de Ibarra, Ecuador. Trabajó como artista en su casa en Venezuela. © ACNUR/Jaime Giménez Yohana Alejandra Bracamonte, de 37 años, llegó a Colombia en 2016. Contar con el Estatuto Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) la ayudará a ella y a sus hijos a tener un mejor acceso a la atención médica y la educación. © ACNUR/Santiago Escobar-Jaramillo El jefe de ACNUR, Filippo Grandi, se reúne con niñas y niños en el Centro de Integración Local ‘La Milagrosa’, en Soledad, Atlántico. © ACNUR/Santiago Escobar-Jaramillo Durante un viaje reciente a la región que incluyó visitas a Panamá, Colombia y Ecuador, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, elogió los esfuerzos para regularizar a las personas venezolanas desplazados y señaló que “a pesar de la pandemia y muchos otros desafíos, hemos visto pasos positivos hacia la inclusión y las soluciones”. En un evento en la capital colombiana, Bogotá, con motivo del Día Mundial del Refugiado el 20 de junio, Grandi describió la decisión del gobierno de implementar el TPS como “visionaria, un ejemplo de humanismo y pragmatismo”. Grandi también elogió esfuerzos similares en Ecuador, Perú y República Dominicana. “A través de la regularización se garantiza el acceso a los derechos fundamentales”, comentó. “Estas diversas iniciativas, que en conjunto podrían beneficiar hasta a 3 millones de personas venezolanas, deberían servir como modelo de solidaridad e inclusión de las personas refugiadas a nivel global”. Grandi enfatizó que la regularización trae beneficios no solo a las personas desplazadas sino también a las comunidades de acogida donde buscan seguridad. “Traemos nuestro conocimiento con nosotros”, expresó María José, la madre venezolana en Ibarra, y agregó que en Venezuela trabajó como maestra de escuela primaria y “le gustaría retribuir” a su comunidad de acogida trabajando en el campo que eligió. Su esposo compartió sus sentimientos. “Estamos trayendo nuestro conocimiento a Ecuador y también aprendiendo cosas nuevas del país”, aseguró José, cuyo negocio de pintura fue impulsado por un programa implementado por ACNUR y su socio HIAS que brinda a los futuros empresarios capital semilla y asesoramiento empresarial. “Si podemos regresar a nuestro país, Venezuela, nos llevaremos lo que hemos aprendido aquí”.

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Historia

10 diciembre 2020

Caminatas extenuantes para asegurar la educación de niños y niñas indígenas

Al maestro Ramiro Rodríguez Canticus, la semana laboral le reserva algo más que cinco días de clases. Desde el inicio de la pandemia, también incluye una larguísima caminata por la espesura de la selva – 12 horas, ida y vuelta, sorteando ríos, cerros y serpientes – para que sus alumnos y alumnas puedan seguir estudiando. Ramiro enseña en una escuela en la comunidad de San Marcos, en el extremo norte de Ecuador, donde aprenden niños y niñas del pueblo indígena Awá – muchos de ellos de familias que fueron desplazadas por el conflicto en la vecina Colombia. Ramiro también es Awá. Debido a lo aislada que está esta zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, los maestros tienen como parte de sus responsabilidades laborales hacer el largo y extenuante trayecto, a pie, hasta El Chical, la cabecera parroquial, para recoger las guías estudiantiles que entregan a sus alumnos para que aprendan desde sus casas. “Nuestro recorrido es bastante difícil, tenemos que cruzar quebradas. Hay partes de lodo, lluvias y toca caminar así”, explica Ramiro, de 27 años. “Es un esfuerzo, toca entregar todo por la dedicación o el cariño a los estudiantes”. Como El Chical queda a unas seis horas a pie de San Marcos, Ramiro se despierta de madrugada y camina en la oscuridad del bosque, llegando a su destino ya con plena luz del día. Una vez recogidas las guías educativas, emprende el viaje de vuelta para llegar antes del anochecer. Antes de la pandemia, Ramiro y los demás maestros realizaban esta caminata solo una vez cada cinco meses, para recoger los libros de texto al inicio del año lectivo y mantener actualizado su plan de estudios. Sin embargo, las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria han supuesto mayores complicaciones para los docentes de esta zona alejada, que ahora se ven obligados a hacer el trayecto semanalmente, para recoger las guías estudiantiles elaboradas por el Ministerio de Educación específicamente para las clases a distancia. Con el fin de frenar los contagios de Covid-19, el Gobierno ecuatoriano determinó en marzo que las clases se hicieran de forma virtual. Sin embargo, para los alumnos que no cuentan con una buena conexión internet o con los dispositivos tecnológicos necesarios, seguir estudiando durante la pandemia ha sido un desafío. Los pueblos indígenas han sido particularmente afectados, ya que la mayoría de sus comunidades cuentan con escasa conectividad a internet y acceso a computadoras. Este es el caso en el territorio Awá, que se reparte entre cuatro provincias ecuatorianas y dos departamentos colombianos. Por lo tanto, en San Marcos, la educación a distancia se sigue basando en los materiales impresos. Pero en vez de usar los libros de texto comunes, los niños y las niñas estudian desde sus casas gracias a las guías educativas llevadas por Ramiro y otros profesores.
“Anteriormente estudiaban bien los niños. Los profesores estaban ahí junto con ellos. Ahora ya cambió, ya no están juntos. Se olvidaron las enseñanzas”, dice Silvio Taicuz, un habitante de San Marcos que se muestra preocupado por la educación de sus cinco hijos. Esa incertidumbre por el aprendizaje la comparte Ramiro. “La pandemia sí afectó bastante debido a que los muchachos deben trabajar por sí solos, y nosotros debemos buscar la manera de llevar los conocimientos. Para ellos es muy dificultoso. Creo que su conocimiento no va a ser igual a lo que era anteriormente con clases presenciales”, afirma. ACNUR, La Agencia de la ONU para los Refugiados, y su socio FUDELA imprimen y entregan las guías a los profesores, para que las familias Awá no tengan que invertir sus escasos recursos en materiales escolares. La educación en esta región es especialmente importante para que los niños y las niñas cuenten con oportunidades. El pueblo indígena Awá ha sido fuertemente golpeado por el conflicto armado en Colombia, cuya violencia ha obligado a unas 500 familias a huir a Ecuador en las dos últimas décadas. Muchas de ellas se han establecido en El Chical, han sido reconocidas como refugiadas y ahora conviven con sus hermanos Awá que nacieron al sur de la frontera. En la escuela de San Marcos, Ramiro cuenta con alumnos nacidos en ambos países. Ramiro imparte clases de química, biología, ciencias naturales y educación física a estudiantes de todas las edades, desde educación básica hasta bachillerato. Además, se está preparando para mejorar la formación que ofrece a sus alumnos cursando la carrera de físico-matemático en una universidad a distancia. A pesar de las dificultades añadidas de trabajar como docente en una comunidad remota, Ramiro está convencido de continuar su labor para que los jóvenes Awá tengan un futuro libre de violencia a través de la educación. “(La educación) es lo más importante en la vida, que el papá le eduque a su hijo es la herencia más grande que puede recibir como hijo”, dice con una sonrisa de esperanza*. *La entrega de material impreso por parte de FUDELA y ACNUR es posible gracias al apoyo de la Unión Europea, a través de su Instrumento para la contribución a la Estabilidad y la Paz. (Jaime Gimenez / ACNUR)

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09 marzo 2021

Recicladoras de base, mujeres en la primera línea de acción por el clima

El reciclaje de base cumple una función importante, que a menudo es infravalorada e incluso discriminada. Pero son quienes trabajan a pie de calle, especialmente mujeres, las personas que se conectan con el primer eslabón del reciclaje para la recuperación de materiales, contribuyendo así a la transición de una economía lineal a una economía circular. Doña Blanca Lara tiene 59 años. Nació cerca de Santo Domingo de los Tsáchilas, es madre de 5 hijos y abuela de 12 nietos. Desafortunadamente, la vida ha sido dura para ella. Su esposo falleció hace 23 años, y a Blanca le tocó sacar adelante a su familia sola. Ha trabajado en todo lo que ha podido. Actualmente, vive en Tumbaco con dos de sus hijos y cuatro nietos. Ella y su hija mayor desde hace tres años se dedican exclusivamente al reciclaje. En un buen mes, entre las dos reciben 240 dólares para mantener el hogar. Como ella dice, “con esto lucho y trato de salir adelante. Siempre donde reciclo me ayudan con ropita y comida también”. Según Blanca, le pagan 4 centavos por kilo de papel químico, 8 por el kilo de cartón, 11 por el kilo de plástico suave, 12 por kilo de plástico duro (galones de cloro o champú), y lo que le resulta mejor son las botellas de plástico, por las que recibe 35 el kilo. Nos cuenta que tanto ella como su hija han recibido ataques de otros recicladores del sector. También manifiesta que muchas veces siente discriminación de la comunidad por el trabajo que realiza, “la gente nos mira torciendo la nariz cuando nosotros estamos trabajando, ayudando a limpiar la ciudad y el planeta, y nos ayudamos a nosotros mismos para tener ingreso”. Con la pandemia se vio afectada en su labor, ya que en la casa donde vive con su familia no les permitieron salir en los meses más fuertes del coronavirus, por el miedo a que se contaminen. “Yo no podía quedarme, de eso comemos. Salía a escondidas, iba a reciclar y regresaba con el sentimiento de que venía robando”. A Blanca le da un poco de temor enfermarse, sin embargo, trata de tener sus propias medidas de bioseguridad. Al preguntarle cuál es su mayor sueño, se le llenan los ojos de lágrimas y su voz se entrecorta, pues ella sueña con una casa propia, para tener tranquilidad y poder realizar su trabajo, sin ser juzgada. Su mensaje a la ciudadanía es que ayudemos a las personas que trabajen en el reciclaje, separando los residuos en fundas diferentes, de modo que los materiales no se contaminen con otros desperdicios. Blanca tiene la esperanza de que la situación va a ir mejorando poco a poco y confía en que la gente apoyará y separarán los residuos y desechos cada vez más. Para ella, la separación de residuos y el reciclaje debería ser un hábito común en la vida de las personas. Así como doña Blanca, en Ecuador existen 20.000 personas dedicadas al reciclaje. En el caso de las ciudades de la sierra, el 70% son mujeres, de las cuales el 90% no accede a un seguro social y su ingreso mensual promedio es de 218 dólares. Particularmente, la labor de las mujeres en la gestión integral de los residuos y su participación en la cadena de valor del reciclaje han sido invisibilizadas. Además, con frecuencia estas mujeres se ven afectadas por desigualdades estructurales en el hogar, el trabajo y en sus respectivas comunidades (WIEGO,2015). El contexto actual plantea la necesidad de sensibilizar a los diferentes actores sobre las brechas de género en la gestión de los residuos, a fin de alcanzar una mejor comprensión del proceso y el impacto en las personas relacionadas con esta actividad. En el marco del Programa de apoyo a la NDC (NDC SP, por sus siglas en inglés) implementado por el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) con el soporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con la asociación ReciVeci, en el mes de julio del 2020 se llevó a cabo el conversatorio ‘Aportes de las recicladoras de base en la recuperación de residuos sólidos, un servicio ambiental invisible que contribuye a la acción por el clima’. Este espacio generó un diálogo sobre el ciclo de la gestión de residuos y la cadena de reciclaje en Ecuador desde la perspectiva de género.

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Comunicado de prensa

25 agosto 2021

La ONU y sus socios piden 187,3 millones de dólares para ayudar a Haití a recuperarse del terremoto

Las Naciones Unidas y sus socios han hecho hoy un llamado para conseguir 187,3 millones de dólares que se necesitan urgentemente para proporcionar ayuda vital a más de 800.000 personas afectadas por el devastador terremoto de Haití, incluyendo refugio, agua y saneamiento, atención sanitaria de emergencia, alimentos, protección y recuperación temprana. Un terremoto de 7,2 grados de magnitud sacudió Haití el 14 de agosto causando daños a gran escala en la península del sur del país. Más de 2.200 personas perdieron la vida y más de 12.000 resultaron heridas. Le siguió la depresión tropical Grace, que provocó inundaciones en las zonas afectadas por el terremoto. La situación también ha aumentado el riesgo de otra oleada de COVID-19, ya que la vacunación contra esta enfermedad no había comenzado en Haití hasta mediados de julio. El llamado de emergencia se destinará a 500.000 de las personas más vulnerables de las 650.000 identificadas como necesitadas de asistencia.
Inmediatamente después de la catástrofe, bajo el liderazgo del Gobierno, los socios humanitarios locales e internacionales lanzaron rápidamente una operación de ayuda masiva. Los equipos de búsqueda y rescate y los equipos médicos están trabajando para encontrar supervivientes y proporcionar atención médica urgente en zonas de difícil acceso. Los socios han comenzado a suministrar agua potable y alimentos a las víctimas del terremoto. El Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, subrayó: "Necesitamos que los esfuerzos de recuperación y reconstrucción comiencen en serio y simultáneamente con la respuesta humanitaria".
El Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Bruno Lemarquis, declaró: "Haití y su pueblo necesitan hoy más que nunca la solidaridad del mundo al tener que hacer frente a múltiples crisis al mismo tiempo. Agradecemos a los países que han respondido tan rápida y generosamente con personal y ayuda humanitaria y esperamos que continúen haciéndolo. En el contexto de esta respuesta, avanzando hacia la recuperación, y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del devastador terremoto de 2010, será absolutamente esencial apoyar y respaldar el liderazgo nacional y los esfuerzos de coordinación, apoyar las capacidades nacionales y locales, los sistemas, los actores económicos, y aprovechar los conocimientos y la experiencia de Haití para una respuesta contextualizada."
"Las Naciones Unidas y sus socios están trabajando junto con el Gobierno de Haití para atender las necesidades urgentes de los haitianos afectados por el terremoto y la depresión tropical Grace", dijo el Coordinador Adjunto de Ayuda de Emergencia de la ONU, Ramesh Rajasingham. "Para ello, necesitamos financiación inmediata".
Y continuó: "Necesitamos un acceso seguro y sin obstáculos a todas las personas necesitadas. Todas las partes, incluidos los grupos armados, deben garantizar que las organizaciones humanitarias y los suministros de ayuda tengan un acceso sostenido y seguro a las zonas afectadas." El aumento de la violencia relacionada con las bandas desde junio ha provocado el desplazamiento de unas 19.000 personas en zonas cercanas a la capital, Puerto Príncipe, lo que ha dificultado el acceso a la península suroccidental afectada por el terremoto. El llamado refleja tanto la magnitud de las necesidades como los importantes retos logísticos relacionados con la prestación de una respuesta humanitaria eficaz a gran escala en zonas de difícil acceso. Los socios proporcionarán servicios básicos de emergencia, como alojamiento, agua y saneamiento, salud, alimentos, educación y servicios de protección a 500.000 personas. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU ha puesto a disposición 8 millones de dólares para poner en marcha las actividades humanitarias sobre el terreno.

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Historia

22 abril 2022

Recuperar el aprendizaje tras dos años de pandemia

Son las cinco de la mañana y el despertador de Romina (14) suena para dar comienzo a su rutina. En la que es su habitación desde hace algunos meses hay ropa, algunos objetos personales y los cuadernos que muestran sus ganas de retomar los estudios tras dos años sin visitar un aula de clases. Las mañanas de Romina ahora son diferentes. Desayuna con su prima Angie Aráuz (23), quien la recibió en su hogar en Manta, en la costa de Ecuador, para que pudiera volver a estudiar. Esta nueva oportunidad le ha devuelto la alegría; Romina sonríe mientras se alista para ir a clases. En 2020, cuando empezó la pandemia por COVID-19, Romina vivía con su papá en el cantón Pichincha, en la provincia de Manabí, a 135 kilómetros de Manta. Su mamá trabaja en el servicio doméstico en una casa de familia, donde vive la mayor parte del tiempo. Debido a las dificultades económicas, Romina tuvo que dejar sus estudios y se dedicó a trabajar en un lavadero de carros junto a su padre. “Cuando no iba a la escuela, extrañaba que me enseñaran ciencias naturales, hacer experimentos sobre el vapor y el aire, jugar con mis amigos y conversar”, recuerda Romina con nostalgia. A mediados de 2021, la vida de Romina dio un vuelco cuando viajó a Manta para celebrar el cumpleaños de la hija de su prima Angie. Durante el festejo, le comentó a su prima lo mucho que extrañaba estudiar. “Cuando me contó cómo se sentía, le propuse que viviera conmigo y volviera a estudiar”, cuenta Angie, quien decidió convertirse en su cuidadora. Juntas empezaron una nueva etapa con un objetivo claro: “Lo que quiero es que Romina estudie, para que luego trabaje y sea una mujer independiente. Que sea mejor que yo, porque yo no he terminado el colegio”, afirma Angie, quien reconoce que debió abandonar los estudios por su temprana maternidad. Romina averiguó cómo podía volver al sistema educativo y encontró el programa de Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP), apoyado por UNICEF Ecuador e implementado a través de su socio, el Centro de Desarrollo y Autogestión (DYA), en coordinación con el Ministerio de Educación. Hoy, con entusiasmo, Romina termina su desayuno y sale a tomar un bus que la lleva a la escuela El Girón, en Manta, donde podrá recuperar los aprendizajes perdidos. Una iniciativa indispensable Romina es parte de los 4.364 estudiantes de entre 8 y 18 años de edad que han retomado sus estudios a través del NAP. Esta iniciativa se implementa en 18 provincias de Ecuador para apoyar a niños, niñas y adolescentes con rezago escolar y, de esta manera, evitar que abandonen sus estudios. A pesar de sus ganas, recuperar lo perdido no ha sido fácil para Romina. Tiene que volver a hacer amigos y acostumbrarse nuevamente a estudiar. “Aprendo una cosa, voy a aprender otra y se me olvida lo anterior. Ahora que he vuelto a clases lo más difícil ha sido la materia de matemáticas”, reconoce. Los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe se encuentran entre los más afectados por el cierre escolar. En la región, las escuelas han estado cerradas un promedio de 37 semanas desde marzo de 2020 y se calcula que solo el 39 por ciento de los estudiantes de primaria puede leer un texto sencillo1. En Ecuador, según encuestas desarrolladas por el Ministerio de Educación y UNICEF, en los hogares que se mantuvieron en la educación virtual, el 70 por ciento afirmó que estaba aprendiendo menos2. Ante esta situación, la labor de los docentes es fundamental. Uno de ellos es Richard Mendoza, maestro de Romina en el programa de nivelación. “Ella presentó muchas falencias tras dos años de estar fuera de la educación. Eso genera que, a pesar de que tenga un aprendizaje significativo, haya ciertas cosas que se le olvidan. Es como volver a empezar”, explica. El docente cuenta que sus estudiantes tienen problemas con la lectura y las matemáticas. “Ellos leen, pero no entienden lo que están leyendo, eso ha pasado casi con la mayoría (…). También estamos atendiendo sus falencias en operaciones básicas: sumas, restas y multiplicaciones”. Su trabajo es titánico. En este programa de nivelación, que condensa tres años en uno, imparte las materias básicas de manera integrada. En una misma clase los jóvenes pueden aprender más de una destreza. Por ejemplo, mientras se analiza un problema de lógica desarrollan habilidades de lenguaje y matemáticas. Un acompañamiento integral Pero, además de los vacíos académicos, los docentes también deben reforzar los hábitos de estudio y las habilidades socioemocionales. Volver al aula y reencontrarse con otros jóvenes de su edad fue un desafío para Romina: “Mi primer día de clases fue difícil. Tenía vergüenza, miedo, pero ya pasó el tiempo y fui agarrando confianza”. El cierre de escuelas ha afectado el bienestar y la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. “Se han visto estudiantes que han perdido habilidades de relacionamiento. Sufren ataques de pánico, crisis de ansiedad al tener que hablar frente a sus compañeros, temen no tener amigos y no ser aceptados en el grupo”, afirma María Fernanda Porras, oficial de Educación de UNICEF. “Debemos evitar que los niños, niñas y adolescentes sigan perdiendo. Para ello es clave evaluar a cada estudiante, brindarles un apoyo integral y garantizar que la comunidad educativa, especialmente los docentes, cuenten con la formación y los recursos educativos que necesitan para acompañarlos no sólo en lo académico, sino también en su salud mental", recomienda la especialista. Richard, quien lleva siete años como docente, es un gran apoyo para sus estudiantes y para Romina. “Siempre estaré para responder cada una de sus inquietudes y apoyarlos en todo, nos preparamos para eso”. Romina lo sabe y confía en su maestro. Tras terminar su nivelación, hace pocos días recibió la noticia de haber aprobado el examen para ingresar a primero de bachillerato. “Mi profesor me dijo que lo lograría. Me estoy esforzando para ser una buena alumna. Mi sueño es ser policía para ayudar a las personas”, concluye la niña con mucho optimismo. Lograr que cada niño y niña recupere su aprendizaje debe ser el objetivo de todos los países. Para ello, es clave fortalecer iniciativas como el Programa de Nivelación y Aceleración Pedagógica, asegurando el presupuesto, ampliando su oferta y mejorando las capacidades de los docentes.

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Historia

04 marzo 2022

Una adolescente afgana deja su huella en Quito, la ciudad que la acogió

Las dos cosas que Zohra recuerda más vívidamente de su Afganistán natal son la nieve y el miedo. Zohra no ha visto la nieve desde 2016, cuando su familia hizo el viaje a Quito, la capital ecuatoriana, pero a menudo sueña con los paisajes blancos y helados de su ciudad natal al norte de Afganistán. Esos sueños están teñidos de la abrumadora sensación de temor que ensombrecía su vida en casa. El padre de Zohra trabajaba como funcionario del gobierno en Afganistán, un puesto que convirtió a toda la familia en objetivo de los talibanes. Uno de los hermanos de Zohra tuvo que abandonar la facultad de medicina porque el viaje de ida y vuelta a la universidad se volvió demasiado peligroso, mientras que otro, Hasibullah, huyó a la India. “Cada vez que pienso en mi país, siento miedo”. La pequeña Zohra y sus hermanas vieron cómo su mundo se reducía al ser también apartadas de la escuela y recluidas en casa. “El único lugar al que podíamos ir era la casa de mi difunta abuela”, comentó Zohra, sentada en la sala del pequeño apartamento en Quito que comparte con sus padres y cuatro de sus cinco hermanos. “Cada vez que pienso en mi país, siento miedo... Recuerdo el miedo”. El viaje de la familia hacia la seguridad fue largo y desgarrador. Mientras estaba en la India, Hasibullah, el hermano de Zohra, encontró ayuda para conseguir las visas de la familia para viajar a Ecuador. Su padre vendió todas sus pertenencias, incluidos su casa y auto, para reunir el dinero necesario para los boletos de avión a la nación sudamericana, unos 3.600 dólares (USD) por boleto. El viaje de 44 horas de duración implicó cambiar de avión varias veces y, aunque sus visas estaban en regla, las autoridades migratorias los detuvieron e interrogaron en distintas ocasiones durante el trayecto. Ecuador acoge actualmente a más de 70.000 personas refugiadas – la mayor población de refugiados reconocidos en América Latina – en su mayoría procedentes de la vecina Colombia. El país también acoge a más de 450.000 personas venezolanas que han huido de la inseguridad, y la escasez de alimentos y medicinas en los últimos años. Mientras que los recientes acontecimientos en Afganistán han visto un aumento en el número de personas afganas que huyen de su país, cuando llegaron en 2016, la familia de Zohra se encontraba entre poco más de dos docenas de personas refugiadas afganas en la nación andina. “A través de la pintura, puedo crear mi propio mundo”. Al principio, la adaptación fue difícil. Ningún miembro de la familia hablaba español. Eso hizo que seguir el ritmo de la escuela fuera un reto y empujó a Zohra a recurrir al arte como forma de expresarse. En Afganistán, había recurrido al arte para imaginar una vida más allá de los confines de su hogar. El arte “es otro mundo, un universo paralelo. Es difícil de explicar porque se trata de un tipo de sentimiento diferente que no se puede expresar con palabras”, resaltó. “A través de la pintura, puedo crear mi propio mundo”. Un programa extraescolar ayudó a convertir lo que había sido una forma privada de afrontar todos los cambios de una vida joven marcada por la inseguridad en una forma muy pública de salvar la brecha entre su cultura natal y la adoptada. El programa, ejecutado por FUDELA, una ONG local socia de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ofrece a jóvenes como Zohra clases de arte, así como un kit para que los participantes puedan pintar en casa. Gracias al programa, Zohra acabó pintando varios murales en edificios de Quito, entre ellos, uno en el exterior del Centro de Equidad y Justicia Calderón que representa la montaña rusa emocional por la que pasan muchos de quienes se ven forzados a huir de sus hogares. Ver también: Temblando y con hambre, las personas desplazadas en Kabul se preparan para la llegada del invierno “Siento su tristeza, siento su dolor, siento su alegría”, aseguró Zohra. “Quiero que la gente lo vea y que digan: ‘Alguien piensa en nosotros, alguien está ahí preocupado por nosotros y alguien desea algo mejor para nosotros’”. Aunque la escuela sigue siendo una ardua batalla para Zohra, está decidida a sentar unas bases sólidas sobre las que construir sus sueños. “Mis profesores me asignan muchas tareas, y no veo la utilidad de muchas de ellas”, comparte. “Por eso hago las tareas lo más rápido posible, para poder hacer las cosas que me gustan, que es aprender idiomas y pintar”. Además del farsi, su lengua natal, Zohra domina el español y está aprendiendo japonés, inglés y francés. Sueña con estudiar relaciones internacionales en una universidad de Canadá. Pero mientras tanto, Zohra pretende continuar con su arte. “Quiero pintar, y pintar, y pintar, y pintar”, expresa con una sonrisa.

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Historia

03 marzo 2022

Desde su quad, Omar lucha por la accesibilidad

Antes de llegar a Ecuador, Omar trabajaba como defensor de los derechos humanos en medio de la violencia y conflicto armado que afectó a su Colombia nativa. Ahora, defiende el derecho a la movilidad de personas con discapacidad en Ecuador, el país vecino al que huyó tras recibir amenazas a su vida. Para Omar, su nueva lucha no tiene nada de abstracto. Vive en carne propia muchas de las dificultades a las que se enfrentan a diario las personas con discapacidad en Esmeraldas, su ciudad de acogida en el noroeste de Ecuador. Hace unos 26 años, Omar recibió un disparo en la columna vertebral durante un enfrentamiento entre grupos armados en el departamento de Nariño, en la frontera sur de Colombia. Estuvo a punto de perder la vida, pero al final sobrevivió. Sin embargo, nunca recuperó la movilidad y desde entonces se mueve en silla de ruedas. “Cuando llegué aquí, me dije que no volvería a participar en el trabajo comunitario después de lo ocurrido en Colombia”, dijo Omar, quien durante tres años presidió la asociación local de personas con discapacidad. “Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo la necesidad de ayudar a los demás”. “Tenemos que seguir luchando. Por eso somos sobrevivientes”. Montado en su quad, un cuatrimoto artesanalmente adaptado para llevar su silla de ruedas, Omar ayuda a coordinar las acciones de la asociación, que tiene como una de sus metas principales fomentar la accesibilidad para las personas con discapacidad. Una red de voluntarios construye rampas para permitir que las personas en sillas de ruedas puedan entrar y salir más fácilmente de sus casas. “Hay gente que ha creído en esto, los voluntarios, con quienes hemos ido haciendo rampas en algunas de las casas de los compañeros, para ayudar a cientos de personas en sus hogares”, dijo Omar. “Hacemos rifas, actividades, sacamos el recurso y buscamos jóvenes amigos y nos ayudan a armar una rampita”. Tras el balazo que le dejó parapléjico a los 23 años de edad, Omar huyó a Cali, en el centro-oeste del país. Allí trabajó con niños que viven en la calle, vulnerables al narcotráfico y la drogadicción. Pronto fue elegido juez de paz por su comunidad. Pero su trabajo no tardó en llamar la atención de los grupos armados, que lo amenazaron de nuevo. Quedarse en Colombia se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Así que tuvo que huir a Ecuador con su mujer y sus dos hijos. En Esmeraldas, Omar encontró seguridad y esperanza, pero también dificultades. Tras huir por mar desde Colombia, la familia pasó un tiempo durmiendo en la calle. Omar se enfrentó a obstáculos a la hora de buscar un trabajo, ya que algunos de los empleadores potenciales no se mostraron receptivos a la idea de contratar a una persona con discapacidad. Ecuador, con apenas 18 millones de habitantes, es el país de América Latina que acoge a más personas oficialmente reconocidas como refugiadas. Aparte de los más de 70.000 refugiados reconocidos, aproximadamente el 97 por ciento de ellos colombianos, el pequeño país andino también alberga a más de medio millón de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Una parte considerable de esta población vive con una discapacidad. Según el reciente informe de Monitoreo de Protección de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el 11 por ciento de las personas desplazadas encuestadas en Ecuador dijeron que al menos uno de sus miembros vivía con una discapacidad. ACNUR apoya a personas como Omar ayudándoles a reconstruir sus vidas y contribuir a sus comunidades de acogida. Con el acompañamiento de ACNUR, Omar ayuda a fortalecer los liderazgos dentro de su propia comunidad y de otras áreas circundantes para que puedan mejorar las condiciones de otras personas con discapacidad. “No puedo quedarme de brazos cruzados”. Para sustentar a su familia, Omar tiene un pequeño supermercado llamado “La Completísima”, donde vende productos a los vecinos de su barrio. Pudo abrir la tienda gracias a un capital inicial proporcionado por ACNUR. “Sigo con mis esperanzas de que mi tienda crezca y pueda ser esa cadena para dar los mejores precios a las personas y poder contribuir en la zona donde vivo,” dijo Omar, quien se desplaza en su quad desde su tienda de barrio al mercado municipal en busca de los suministros que necesita. “Habiendo pasado toda esa odisea de tener que salir huyendo, de esa manera forzados en contra de nuestra voluntad, ahora tenemos que seguir luchando. Por eso somos sobrevivientes”, dice Omar, con la determinación de aquel que sabe que no dejará de trabajar para mejorar el mundo que le rodea. “Más que víctima soy sobreviviente”.

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Historia

25 febrero 2022

Tambores contra la violencia de género en Ecuador

El ritmo de los tambores comienza, las maracas se unen y la cantante Olaise Cortéz se balancea mientras aborda un tema devastador que con demasiada frecuencia está rodeado de silencio: la violencia de género. “Marido, no me maltrates”, clama, mientras el grupo de mujeres responde: “Vamos a salir adelante”. “Ya es hora de cambiar / Vamos a salir adelante / Que naciste de una mujer / Vamos a salir adelante / Y no lo puedes negar / Vamos a salir adelante”. Y luego se intensifica, haciendo saber a las mujeres del círculo de tambores – y a la comunidad en general – que la violencia sexual es un delito: “Si en caso alguien me violenta / Vamos a salir adelante / Lo primero que hay que hacer / Vamos a salir adelante / Salir a buscar ayuda / Vamos a salir adelante / Y denunciarlo también”. Olaise, de 66 años, y las mujeres afrodescendientes del colectivo Tía Gachita utilizan canciones tradicionales, instrumentos y ritmos de arrullo para concienciar a hombres, mujeres, niñas y niños en las polvorientas calles de Calderón, en el noroeste de Ecuador. “A veces, si no conoces nada diferente, no cambias”, comenta Olaise. “Pero... hemos aprendido sobre nuestros derechos. Transmitimos este conocimiento a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, para que esta (discusión) avance”, añade. En 1986, en la región ecuatoriana de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, Olaise fundó el grupo que lleva el nombre de su madre. Se basa en la tradición musical centenaria de los afroecuatorianos, cuyos antepasados fueron traídos a Sudamérica como esclavos en el siglo XVII. “Nuestra música... es el medio que hemos utilizado para guiar a la juventud”. Algunas de las integrantes de Tía Gachita son de la comunidad local, otras son refugiadas afrocolombianas. Olaise asegura que todas son “mujeres guerreras decididas”, comprometidas a revivir una forma tradicional, utilizada durante mucho tiempo por sus comunidades como forma de educar a la siguiente generación. “Nuestra música, un ritual que utilizaban nuestros antepasados, es el medio que hemos utilizado para guiar a la juventud”, señala Olaise, quien lleva el tradicional pañuelo de las mujeres afrodescendientes atado a la cabeza. Su mensaje es muy necesario. La ONU estima que una de cada tres mujeres en el mundo sufrirá violencia de género a lo largo de su vida, la mayoría de ellas por parte de alguien que conocen o su pareja. América Latina es una de las regiones con mayor índice de violencia de género del mundo. Y la situación, ya de por sí grave, no hizo más que empeorar durante la pandemia de COVID-19, que dio lugar a prolongados confinamientos y a la profundización de la pobreza. El mayor riesgo de violencia ha sido aún mayor para las mujeres y niñas desplazadas, que son especialmente vulnerables a los impactos socioeconómicos de la pandemia y se enfrentan a barreras adicionales para denunciar los abusos y buscar ayuda. Aunque la violencia es común, rara vez se habla de ella. Las integrantes del grupo afirman que los arrullos son una forma valiosa de iniciar conversaciones muy necesarias en sus comunidades de las tierras bajas y de la costa. Ver también: Mujeres refugiadas lideran la lucha contra la violencia de género “Es imposible dirigirse directamente a una compañera (para tratar temas de violencia)”, comenta Zorana Narváez, de 32 años, una refugiada afrodescendiente de Tumaco, en la costa pacífica del suroeste de Colombia. “Pero por medio de la canción escucha la música, el tema, la letra y todo marcha diferente”, añade. Desde 2019, Tía Gachita ha recibido apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, su socio HIAS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través de talleres de prevención de la violencia de género, promoción de los derechos humanos e integración de las personas refugiadas. “Aprendí mucho sobre los derechos que tenemos aquí en Ecuador”. Además de combatir la violencia de género, el grupo utiliza los arrullos para difundir otros mensajes útiles de servicio público, entre ellos la necesidad de vacunarse contra la fiebre amarilla y el sarampión, y ahora contra la COVID-19. Ecuador acoge a unas 70.000 personas refugiadas colombianas, así como a más de 500.000 refugiadas y migrantes de Venezuela que han encontrado en el pequeño país andino un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Olaise también utiliza la música para promover la integración de las personas refugiadas colombianas que se asentaron cerca de Calderón. Las rítmicas canciones de convocatoria y respuesta del grupo buscan la hermandad entre las dos nacionalidades, y exponen los derechos de las personas desarraigadas de sus hogares a causa de la violencia y la persecución. “Fue una experiencia muy bonita porque aprendí mucho sobre los derechos que nosotros – como personas en movimiento – tenemos aquí en Ecuador. Y eso también me ayudó a orientar a otras personas en la misma situación”, explica Zorana, quien lleva seis años en Tía Gachita. Ver también: Una adolescente afgana deja su huella en Quito, la ciudad que la acogió Muchas de las comunidades afrodescendientes de San Lorenzo comparten vínculos familiares con comunidades de Colombia, y ambas comunidades están encantadas de recuperar una forma tradicional compartida. “Me siento muy afortunada, porque ese arrullo es una cultura de nuestros viejitos, nuestros abuelitos, que ya estaba quedando atrás, pero podemos dirigirnos a las mujeres sobre nuestros derechos, la igualdad que debemos de tener”, comparte Zorana. Revivir la cultura de sus antepasados, a la vez que se difunden mensajes útiles, es también una gran satisfacción para Olaise. “La cultura es la vida del pueblo”, señala. “Por eso nos organizamos, como mujeres guardianas de la sabiduría, con el objetivo de rescatar nuestra cultura, nuestra vida”.

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Historia

24 febrero 2022

“El manglar produce nuestra comida, es nuestra vida”

"Rosita", como es conocida por sus vecinos, vive en el denso manglar en la comunidad de Punta de Miguel, ubicada en la Reserva de Manglares de Mira-Mataje en el extremo noroeste de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. Esta zona es altamente vulnerable a los fenómenos de El Niño y La Niña. “El manglar significa mucho para mí porque aquí crecemos, es donde se produce nuestra comida... es nuestra vida", dice Rosa, quien está muy orgullosa de su trabajo y feliz en la pequeña comunidad donde vive. ¿Cómo es la recolección de conchas? Rosa dirige a su esposo e hijo en la recolección de conchas, actividad que es conocida localmente como “conchar”. La familia sale desde las 5 de la mañana, muchas veces sin desayunar, seis veces a la semana. Recorren en bote el manglar hasta llegar a zonas donde pueden “conchar”. Una vez en el lugar, con la marea baja, se mueven entre las raíces de mangle y comienzan a recolectar. Encienden una mecha para que el humo sirva como repelente natural contra los insectos, se desplazan con el fango hasta la cintura e introducen el brazo cubierto por un guante de hule para encontrar conchas que luego colocan en una canasta plástica. Rosa se expone todos los días a quedar atrapada entre las raíces, en el fango, a ser picada por insectos, o mordida por “peces sapo” y hasta serpientes que se esconden en los árboles de mangle. Luego de permanecer entre cinco y seis horas en el manglar, deben limpiar las conchas, regresar y esperar a que los intermediarios lleguen al puerto artesanal de su comunidad para comprar lo que han podido recolectar. Aunque la cantidad de conchas que saquen depende de la marea y del tiempo pasen en el manglar, deben encontrar 300 conchas para recibir un pago de 30 dólares. Manglares en peligro A pesar de su importancia como ecosistemas y medio de vida, en las últimas cuatro décadas se han perdido miles de hectáreas de manglar debido a la intervención humana (como la deforestación) o por las variaciones en el clima. Rosa asegura que el fenómeno de El Niño ha traído lluvias intensas y altas mareas. Por semanas, no puede conchar porque el agua cubre las raíces del mangle y el fango. Sin conchas no hay ingresos. Para proteger los manglares, Rosa participa de un proyecto de reforestación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés). Pero la reforestación demanda el mismo tiempo, esfuerzo y riesgos que la recolección de conchas. Luego de sembrar las semillas, Rosa, así como otras mujeres y hombres, deben limpiar de la maleza para evitar que ahogue los propágulos o pequeños árboles de manglar que están germinando. “Si el manglar desaparece sería el fin de nuestras vidas, porque vivimos de él. Sin manglar no hay vida para nosotros”, sentencia Rosa, quien ha contribuido junto a otras comunidades afrodescendientes a la reforestación de 400 hectáreas y la conservación de 15.000 hectáreas de manglares. Sobre el proyecto Rosa participa del Proyecto Binacional de Adaptación al Cambio Climático que involucra a 66 comunidades, de las cuales 38 corresponden al pueblo afrodescendiente (11 de ellos situados en zona de manglar) y 28 comunidades awá. Las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas awá que habitan la frontera entre Colombia y Ecuador, específicamente en las cuencas hídricas binacionales Mira-Mataje y Guáitara-Carchi, se han visto afectadas por una vulnerabilidad multidimensional y el cambio climático ha agregado desafíos adicionales a sus medios de vida y seguridad alimentaria. El Proyecto Binacional de Adaptación busca implementar medidas innovadoras para la adaptación al cambio climático, con énfasis en la seguridad alimentaria y género. La entidad implementadora del Proyecto Binacional es el Programa Mundial de Alimentos
(WFP). En Ecuador los socios locales ejecutores son: la Confederación Comarca
Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE) y la Federación de Centros Awá del
Ecuador (FCAE), a través de las cuales se llega a 66 comunidades de las provincias de
Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Este proyecto es financiado por el Fondo
de Adaptación y también intervienen el Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica
(MAATE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como entes rectores
en materia climática y de agricultura, respectivamente, siendo MAATE la autoridad nacional
designada por el Fondo de Adaptación.

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Comunicado de prensa

03 mayo 2022

Ecuador fue el país anfitrión del primer simulacro de preparación humanitaria en la región

El objetivo de este espacio fue contribuir a la preparación del personal humanitario de diferentes agencias e instituciones para que puedan tomar decisiones más rápidas e informadas al comienzo de una emergencia. Este evento contó con la participación de representantes de dieciséis diferentes países de América Latina y el Caribe quienes tuvieron la oportunidad de experimentar un simulacro con escenarios muy rigurosos. “El simulacro fue totalmente inmersivo. Todos quienes participamos suspendimos nuestras actividades por unos días para vivir un escenario de emergencia lo más realista posible.” Resaltó Lila Ricart, Oficial Regional del Clúster de Logística. El entrenamiento tuvo lugar en la provincia de Cotopaxi donde los participantes, durante los cinco días, pusieron a prueba sus capacidades de respuesta en uno de los pilares de cualquier operación humanitaria: la logística. “Estamos muy contentos de que Ecuador haya sido seleccionado como el país anfitrión para este importante entrenamiento. En la región estamos expuestos a una amplia gama de emergencias y desastres que exigen medidas de respuesta más efectivas. Hemos visto como durante este simulacro el espíritu de equipo ha prevalecido, y es precisamente ese nuestro objetivo, contribuir al fortalecimiento de una respuesta humanitaria cada vez más coordinada.” Matteo Perrone, Representante de WFP en Ecuador Entre las organizaciones del sector humanitario que participaron estuvieron: ADRA, ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), la Cruz Roja Ecuatoriana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), OXFAM, Plan International, Save the Children, UNICEF, entre otras. Al evento asistieron además los técnicos y autoridades del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador (SNGRE) y funcionarios gubernamentales de Brasil, Panamá y Paraguay junto a empresas privadas como MAERSK y Airlink. “Nuestro rol es el de asegurar una buena coordinación entre las agencias de la ONU, pero también con otros socios, con el Gobierno nacional y sociedad civil, ONG, Cruz Roja, entre otros, y así poder brindar una asistencia más eficiente, con más impacto, y llegar a más personas” Lena Savelli, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador. Para más informaciones por favor contactar: Pedro Garbellini, WFP/Logistics Cluster, Tel. +507 66470528 Carolina Díaz, WFP/Ecuador, Tel. +593 99 643 5515

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Comunicado de prensa

08 marzo 2022

Una recuperación feminista sostenible

Mientras el mundo avanza hacia la celebración del Día Internacional de la Mujer, el reloj de los derechos de las mujeres retrocede. Y todos y todas estamos pagando el precio. Las crisis en cascada de los últimos años han puesto de manifiesto que el liderazgo de las mujeres es más determinante que nunca. Las mujeres han afrontado heroicamente la pandemia de COVID-19 como médicas, enfermeras y profesionales de la salud pública y la atención social. Pero, al mismo tiempo, las mujeres y las niñas han sido las primeras en perder el empleo o las oportunidades de educación, al asumir más trabajo de cuidados no remunerado, y al enfrentarse a niveles exorbitantes de violencia doméstica y ciberacoso y al aumento vertiginoso del matrimonio infantil. La pandemia ha puesto de relieve con más crudeza si cabe una antigua verdad: el patriarcado está profundamente arraigado en nuestras sociedades. Seguimos viviendo en un mundo dominado por los hombres y en una cultura de dominación masculina. Por ello, tanto en los buenos momentos como en los malos, son las mujeres las que tienen más probabilidades de caer en la pobreza: su atención sanitaria se sacrifica y su educación y sus oportunidades se ven cercenadas. De cara al futuro, una recuperación sostenible e igualitaria solo será posible si es una recuperación feminista, en cuyo centro se sitúe el progreso de las niñas y las mujeres. Tenemos que progresar económicamente con inversiones selectivas en la educación, el empleo, la formación y la creación de trabajo decente para las mujeres. Las mujeres deben encabezar el acceso a los 400 millones de puestos de trabajo que están llamados a crearse de aquí a 2030. Tenemos que progresar socialmente con inversiones en los sistemas de protección social y en la economía del cuidado. Este tipo de inversiones arrojan enormes dividendos, ya que crean puestos de trabajo ecológicos y sostenibles, al tiempo que apoyan a los miembros de nuestras sociedades que necesitan asistencia, como los niños y las niñas, las personas mayores y las personas enfermas. Tenemos que progresar financieramente para reformar un sistema financiero mundial en quiebra moral, para que todos los países puedan invertir en una recuperación económica centrada en las mujeres. Esto incluye el alivio de la deuda y sistemas fiscales más justos que canalicen parte de la inmensa riqueza mundial hacia quienes más lo necesitan. Necesitamos una acción climática urgente y transformadora, para revertir el imprudente aumento de las emisiones y las desigualdades de género que han dejado a las mujeres y a las niñas en una situación de vulnerabilidad desproporcionada. Los países desarrollados deben cumplir con urgencia sus compromisos de financiación y apoyo técnico para una transición justa hacia el fin de los combustibles fósiles. Para garantizar su éxito y estabilidad en el futuro, las economías deberán ser ecológicas, inclusivas en materia de género y sostenibles. Necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo en los gobiernos y las empresas, entre ellas ministras de finanzas y directoras generales, para elaborar y aplicar políticas verdes y socialmente progresistas que beneficien a toda la ciudadanía. Sabemos, por ejemplo, que la presencia de más mujeres en los parlamentos está relacionada con compromisos climáticos más firmes y mayores niveles de inversión en sanidad y educación. Tenemos que progresar políticamente con medidas específicas que garanticen la igualdad de liderazgo y representación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones políticas, aplicando con audacia mecanismos como las cuotas de género. La desigualdad de género es, esencialmente, una cuestión de poder. Erradicar siglos de patriarcado exige que el poder se reparta con igualdad en todas las instituciones y a todos los niveles. En las Naciones Unidas hemos logrado que, por primera vez en la historia, exista paridad de género entre el personal directivo superior, tanto en la Sede como en las oficinas de todo el mundo. Esto ha mejorado notablemente nuestra capacidad de reflejar y representar de forma más adecuada los intereses de las comunidades a las que servimos. En cada paso del camino, podemos inspirarnos en las mujeres y las niñas que impulsan el progreso en todas las esferas y en todos los rincones de nuestro planeta. Las jóvenes defensoras del clima lideran los esfuerzos mundiales dirigidos a presionar a los gobiernos para que cumplan sus compromisos. Las activistas que luchan por los derechos de las mujeres exigen valerosamente igualdad y justicia, y construyen sociedades más pacíficas como integrantes de misiones de mantenimiento de la paz, mediadoras y trabajadoras humanitarias en algunas de las zonas conflictivas del mundo y en otros contextos. En las sociedades donde los movimientos por los derechos de las mujeres son dinámicos, la democracia es más fuerte. Cuando el mundo invierte en ampliar las oportunidades de las mujeres y las niñas, toda la humanidad gana. Por una cuestión de justicia, igualdad y moralidad, y por simple sentido común, hay que hacer avanzar el reloj de los derechos de las mujeres. Necesitamos una recuperación sostenible y feminista centrada en las mujeres y las niñas e impulsada por ellas.

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02 marzo 2022

OBSERVACIONES A LA PRENSA TRAS LA VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE UCRANIA

Damas y caballeros de los medios de comunicación, La Asamblea General ha hablado. Como secretario general, es mi deber apoyar esta resolución y guiarme por su llamado. El mensaje de la Asamblea General es alto y claro: Poner fin a las hostilidades en Ucrania, ahora. Silenciar las armas, ahora. Abrir la puerta al diálogo y la diplomacia, ahora. La integridad territorial y la soberanía de Ucrania deben respetarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. No tenemos un momento que perder. Los efectos brutales del conflicto son evidentes. Pero a pesar de lo mala que es la situación para la gente en Ucrania en este momento, amenaza con empeorar mucho, mucho más. El tictac del reloj es una bomba de relojería. También estoy profundamente preocupado por sus posibles consecuencias para la paz y la seguridad regionales y mundiales y para un mundo que lucha por recuperarse de la COVID. La resolución de hoy refleja una verdad fundamental. El mundo quiere poner fin al tremendo sufrimiento humano en Ucrania. Esta misma verdad quedó clara en la rápida movilización de fondos para nuestras operaciones humanitarias de salvamento en Ucrania y los países vecinos. Nuestro llamamiento mundial urgente fue recibido con una generosidad récord. Estoy profundamente agradecido a los donantes por su apoyo. Con esa financiación disponible, podremos aumentar la entrega de suministros médicos y de salud vitales, alimentos, agua potable, refugio y protección. De cara al futuro, continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para contribuir a un cese inmediato de las hostilidades y negociaciones urgentes para la paz. La gente en Ucrania necesita desesperadamente la paz. Y la gente de todo el mundo lo exige. Muchas gracias.

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25 febrero 2022

Track4Tip fortalece los mecanismos operacionales de cooperación nacional e internacional sobre trata de personas en Ecuador

Quito, 24 de febrero de 2022 - La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de la Iniciativa Track4Tip, desarrolló esta mañana una sesión de trabajo con el objetivo defortalecer las capacidades de coordinación en torno a la investigación de la trata de personas, así como proponer soluciones, basadas en buenas prácticas, que permitan fortalecer la identificación de casos y la respuesta de la justicia penal frente a este delito. A la cita híbrida acudieron: John Game, Subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno; Tomás Guayasamín, Director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes; María Susana Rodríguez, Fiscal Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional y punto focal de Ecuador ante la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM); Solanda Goyes, Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; Guillermo Rovayo, Subdirector de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, Antonio Segovia, coordinador de la Red de Cooperación Penal Internacional (REDCOOP) – AIAMP y delegados de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la la Policía Nacional. “No podemos dejar que las fronteras físicas sean un obstáculo para la investigación de delitos transnacionales. Debemos proteger a las víctimas de trata en tiempo real”, dijo la fiscal María Susana Rodríguez, mientras presentó la estructura de funcionamiento y coordinación de la REDTRAM constituido por 21 países de Latinoamérica más Portugal, España y Andorra. “El objetivo es facilitar la cooperación directa priorizando el envío de información espontánea para que tenga utilidad en la investigación”, añadió. Antonio Segovia, desde Chile ofreció un análisis de buenas prácticas respecto a cooperación penal internacional, incluidos los equipos conjuntos de investigación, con relación a trata de personas en contexto transnacional. “El intercambio de información a través de REDTRAM es de gran oportunidad y validez; la herramienta es flexible y dinámica”. Por su parte, los representantes del Consejo de la Judicatura compartieron los avances en el Protocolo entre Poderes Judiciales de Ecuador y Perú sobre trata de personas, proceso que también cuenta con el apoyo de Track4Tip."Nos enfocamos en levantar y procesar información para la elaboración de políticas contra la trata de personas”, explicó Solanda Goyes. Al respecto, John Game felicitó la sesión de trabajo al tiempo de agradecer la gestión de la UNODC. “La trata en contextos migratorios requiere una especial atención, es importante el fortalecimiento institucional pero también estar atentos a la casuística”. Finalmente, Martín Tamayo, Oficial Nacional de la Iniciativa Track4Tip en Ecuador destacó la experiencia de REDTRAM. “Estas sinergias a nivel internacional son fundamentales para lograr mayor cooperación en materia penal entre las fiscalías y policías. Gracias por permitirnos impulsar estos espacios de coordinación y fortalecer las capacidades internas desde nuestro mandato.” Sobre el programa TRACK4TIP TRACK4TIP es una iniciativa de tres años (2019-2022), implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir la Trata de Personas / JTIP. El proyecto beneficia a ocho países de América del Sur y el Caribe con acciones nacionales y regionales en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba. El objetivo general del proyecto es mejorar la respuesta de la justicia penal regional a la trata de personas, en los flujos migratorios de los países beneficiarios a través de un enfoque multidisciplinario y centrado en las víctimas, con acciones a nivel regional y nacional para identificar, prevenir y procesar casos. Esta nota de prensa fue posible gracias al apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en virtud de los términos del Acuerdo Nº SSJTIP19CA0027. Las opiniones expresadas en el son las de su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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15 febrero 2022

Programa Mundial de Alimentos (WFP) inicia entrega de asistencia alimentaria de emergencia a 34.000 ecuatorianos afectados por la COVID-19

La asistencia alimentaria del WFP consiste en la entrega de efectivo, por un monto de US$ 240 por familia, que permitirá cubrir la mitad del valor de los alimentos y bebidas de la canasta básica por un periodo de dos meses. Según los datos del último Informe de Seguridad Alimentaria de Ecuador, cerca de dos millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, más aún luego de los impactos ocasionados por la pandemia. Gracias al financiamiento de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/BHA), el WFP se apoya en dos mecanismos de asistencia alimentaria para llegar a las familias afectadas: el Bono de Apoyo Nutricional Fase II y AlimentaACCIÓN. El Bono de Apoyo Nutricional, liderado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), beneficiará a más de 9.500 personas de las provincias de Carchi, Esmeraldas y Pichincha, entre cuyos beneficiarios se encuentran mujeres gestantes y niñas y niños de hasta 36 meses de edad. Durante el tiempo de entrega del bono, educadores del MIES, con el apoyo del WFP, realizarán consejerías familiares sobre la importancia de una buena nutrición en los primeros años de vida. Esta asistencia alimentaria se enmarca en una de las prioridades del gobierno que plantea disminuir la desnutrición crónica infantil en seis puntos porcentuales hasta 2025. Con el segundo mecanismo AlimentACCIÓN, el WFP cuenta con el apoyo de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), con la cual se realizarán transferencias de efectivo para llegar a unas 24.500 personas de las provincias de Carchi y Pichincha. Estas familias fueron identificadas con el apoyo de diversos gobiernos autónomos descentralizados cantonales y provinciales, así como de las ONG que operan en el territorio. En la selección se han priorizado aquellos hogares en situación de pobreza o extrema pobreza, que cuenten con mujeres gestantes o hijos e hijas menores de 2 años, y que no estén recibiendo otros bonos o pensiones. A manera de seguimiento, se realizarán talleres físicos y virtuales para las familias beneficiadas por ambos esquemas, y se entregarán productos edu-comunicacionales para promover hábitos alimenticios saludables. El WFP también ha desarrollado el ChatBot NUTRICHATEA, una aplicación digital dirigida a las familias beneficiarias con consejos prácticos para mejorar la alimentación y nutrición. El WFP reitera su compromiso por lograr el hambre cero en colaboración con el gobierno nacional y sus socios, con quienes trabaja para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables. Síguenos en Twitter @WFP_Ecuador Para más información, por favor contactar a: Carolina Díaz, WFP Ecuador, Mov. +593 99 643 5515

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